Se trata de un plan piloto que se pondrá en marcha en cuestión de días y que se desarrollará durante todo el mes de agosto.

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El Consell d'Eivissa busca turistas extranjeros de entre 30 y 40 años para que se infiltren en fiestas ilegales que se celebran en la isla con el fin de que avisen a la Policía y actuar contra los infractores. La intención es que estos jóvenes se camuflen en los ambientes donde se organizan las fiestas para poder tomar medidas de manera preventiva o bien para dar aviso a la Policía desde el mismo lugar donde se celebran las fiestas.

El cierre de las discotecas en Ibiza desde hace más de un año ha hecho que las fiestas se hayan trasladado a fincas rústicas, que se han convertido en discotecas itinerantes. Los organizadores cobran entrada, tienen personal de seguridad, cobran por las bebidas que se sirven, hay djs profesionales y se monta transporte organizado hasta estas viviendas. Se han detectado decenas durante todo el verano en distintos puntos de la isla.

El vicepresidente de la institución insular, Mariano Juan, asegura que se trata de una actividad económica no reglada que debe combatirse porque, además de ser una oferta ilegal y una amenaza sanitaria en tiempos de COVID, supone una competencia desleal para el sector de la restauración. Afirma que no se busca actuar contra las fiestas familiares que puedan organizarse en los domicilios particulares, sino en ese otro tipo de eventos donde los organizadores obtienen unos beneficios económicos.

La idea de contratar a estos jóvenes es que se camuflen entre los participantes y ayuden a la policía como rastreadores, ya que los agentes se encuentran con el problema de que no pueden acceder a las viviendas para no vulnerar el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio. Se han dado casos de que algunos agentes han llegado a ser denunciados por un delito de allanamiento de morada cuando han intentado acceder a las viviendas donde se estaban celebrando las fiestas ilegales.

Juan añade que es imprescindible que los jueces mantengan la distinción entre lo que supone la celebración de una fiesta familiar frente a la organización de un evento del que los organizadores obtienen provecho económico. La labor de los rastreadores comenzará en un días y durante el mes de agosto se realizará una prueba piloto para determinar si da buen resultado y la operación se mantiene el año que viene.