Ilda, con sus muebles en los pasillos, denuncia que el propietario les corta la luz y el agua cuando quiere. | P. Pellicer

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El término de infravivienda tiene su máxima expresión en Cala Major, un barrio de grandes contrastes. A pocos metros brillan hoteles de lujo o el mismo Palacio de Marivent. Pero tras ese espejismo hay también un buen puñado de personas que viven hacinadas en locales sin ventilación, pequeños apartamentos sin cédula de habitabilidad o corroídos por las humedades. Es la cara oculta de Cala Major, donde se ha desarrollado el proyecto Habitatge Digne de la regiduría de Model de Ciutat. Así han aflorado casos dramáticos como viviendas en pésimo estado a precios de alquiler dignos de Son Vida: 18 euros el metro cuadrado. Vivir en un local comercial sin ventanas se cotiza a 600 euros.

«Esto es una mierda». Así de gráfica se muestra Maria Ilda Gonçalves de Almeida, que vive en el edificio Playa Mayor. Justo el día que se realiza la sesión de fotos, su piso se ha inundado por una tubería de aguas fecales estropeada. Vive en el edificio Playa Mayor y la cara que da a la calle Joan Miró tiene buen aspecto, pero en los sótanos hay hasta 40 locales comerciales reconvertidos en viviendas en un estado deplorable. Los inquilinos han expandido sus diminutas casas hacia las zonas comunes: sofás y microondas en los pasillos, que se mezclan con aparadores de crema solar de un antiguo souvenir.

«Estoy pagando 600 euros y el propietario no me deja ingresarle el alquiler en el banco. Hace meses que no pasa para pagarle en mano», denuncia Ilda. Aunque el propietario vive en el mismo edificio, esquiva los pagos de Ilda diciendo que no tiene cuenta corriente. Y por falta de ese pago que él evita, puso una denuncia a Ilda por okupa. Fueron a juicio y el caso quedó archivado.

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Local del edificio Playa Mayor con enseres en los pasillos.

Este propietario tiene hasta 11 locales en el mismo edificio e Ilda denuncia que «como tiene llave, entra en nuestras casas y nos mete trastos. Se sienta delante de nuestra puerta y nos dice que ya que no le pagamos con dinero, que lo hagamos con carne». La prioridad de Ilda es buscar otra vivienda: «Intenté empadronarme pero me encontré que ya había aquí cuatro personas más, los del local de al lado. Esto parece las 3.000 viviendas». Espera a que repunte el trabajo, pero de momento solo tiene dos horas a la semana para limpiar una casa, ingresos que complementa con la Renta Social Garantizada (RESOGA). El suyo es un caso extremo pero casos similares se repiten en muchos de los rascacielos de Cala Major que en los 60 y 70 nacieron como apartamentos turísticos que luego se reconvirtieron en infraviviendas.

Franklin Dipan vive en el edificio Pan Am I. Una familia de cinco personas en poco más de 25 metros cuadrados. «Gano 1.030 euros y mi mujer ni su hija, que tiene una niña de dos años, trabajan. Pagamos 450 euros de alquiler y hemos llegado a pagar 200 euros de luz». Le gustaría buscar otra vivienda pero resulta complicado en estos tiempos. Lo que más le duele es que «en las zonas comunes del edificio hay carteles con la prohibición de que los niños jueguen. Los tenemos metidos en los pisos y se vuelven locos». Las grietas en la terraza y en la fachada hacen que la humedad se cuele en toda la casa. «Y los administradores no dan la cara».

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Baño de una de las viviendas

Encarecimiento

Ramiro Cobo (nombre ficticio) vive en el edificio Torre Mayor, que se construyó en 1974 y cuenta con 16 plantas y 135 apartamentos que tienen entre 30 y 45 metros cuadrados. Ninguno tiene licencia de habitabilidad. «Pago 430 euros de alquiler por un estudio que tiene una habitación en el balcón. Ahí vivimos mi hijo, mi esposa y yo», cuenta Cobo.
El director general d’Habitatge, Josep Maria Rigo, revela que en los últimos años ha habido un repunte del precio de la vivienda en estos 16 edificios. «Si antes costaban unos 300 euros, ahora están pagando 600. Hay situaciones puntuales muy bestias», con apartamentos que pueden medir solo 23 metros cuadrados y se encuentran en un «limbo legal».

Tras el diagnóstico del barrio hecho por la regiduría, «el nuevo PGOU está estudiando cómo resolver la falta de equipamientos públicos» en el barrio. Estos rascacielos se construyeron entre 1963 y 1974 como hoteles que luego se transformaron en viviendas. «Nos hemos encontrado con plantas de más que no aparecían en los registros o locales como antiguas lavanderías de hotel reconvertidas en infravivienda», dice Rigo.

El equipo EDUSI de Model de Ciutat hizo un diagnóstico socioeconómico de la zona reveló que «el 62,5 por ciento de los residentes vive en alquiler y en el 53,6 por ciento de los casos vive un inquilino. Hay un 4,51 por ciento el que viven hasta cuatro personas», denuncia Rigo.

Advierte que en ese barrio «se vive una doble injusticia: son infraviviendas y tienen el metro cuadrado más caro de Palma. Mientras tanto, los ingresos rondan los 1.000 euros por unidad familiar», de los cuales más del 50 por ciento destinan a pagar el alquiler. Y el paro por el COVID se ha cebado en este barrio.

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Marta Morey es la coordinadora del grupo EDUSI que ha hecho un intenso trabajo de campo para el proyecto Habitatge Digne en Cala Major y arroja conclusiones esclarecedoras. «Hemos localizado 16 edificios con infraviviendas y todos tenían irregularidades urbanísticas. Es cierto que en los Pullman ha habido un proceso de mejora, pero en general estos inmuebles se caracterizan por la debilidad de las familias residentes», dice Morey.

El equipo recorrió un millar de viviendas. En la llamada puerta a puerta encontraron situaciones difíciles: familias de cinco miembros viviendo en pequeños estudios en mal estado o «una anciana en estado terminal que vivía sola y que yacía en la cama. La trasladamos a un hospital y murió después de tres días». Además de un alto porcentaje de inmigrantes, también residen personas mayores solas.

Los edificios en peores condiciones «son los Pan Am y Plaza Mayor. En éstos, por fuera no se percibe nada anómalo, pero en los sótanos tiene 40 locales que se usan como viviendas y solo cuentan con un contador y un suministro de agua». Los inquilinos vulnerables han encontrado un aliado en el equipo EDUSI, que en carpas en el barrio informan a las familias vulnerables del acceso a ayudas o defender sus derechos. «Existe una gran vulnerabilidad social en una zona privilegiada», dice Morey.

Según Rigo, una de las medidas que está planteando Model de Ciutat en el borrador del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es otorgar cédula de habitabilidad incluyendo los balcones para que alcancen los 26 metros cuadrados necesarios. Con el fin de evitar la especulación, una vez concedida la cédula «está previsto que a cambio, se conviertan en viviendas protegidas a precio tasado». Con precios blindados la especulación es más difícil.

La cédula es la llave para que sus residentes accedan a ayudas, subvenciones y ningún impedimento para acceder a suministros individuales. Cala Major es un barrio de contrastes, de grandes diferencias entre privilegiados con vistas al mar y zulos sin ventanas donde otros malviven.

El apunte

16 edificios, 1.000 personas, ni una licencia de habitabilidad

De las 1.374 viviendas estudiadas, con un millar de residentes, solo 67 tienen cédula de habitabilidad. La reconversión del uso turístico a residencial impidió la regularización de los apartamentos. Obras sin licencia, cierre de terrazas, uso de espacios comunitarios como privados o locales comerciales con uso residencial, suponen las infracciones más habituales en estos rascacielos. Son los Panam, Impala, Playa Mayor, Portobello... Y así, hasta 16 torres de infraviviendas en Cala Major.