Imagen del Club Naútico de Eivissa. | ARCHIVO

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Varapalo del Tribunal Supremo a la Autoridat Portuària en uno de los concursos bajo investigación judicial por su supuesto amaño. La Sala de lo Contencioso ha rechazado el recurso que impulsó la Abogacía del Estado contra la sentencia que anulaba por «arbitraria» la concesión del Naútico de Eivissa. La nueva resolución añade más leña al fuego: «Era más que evidente que la Autoridad debió acudir ya directamente a un concurso» en el que las normas para la adjudicación estuvieran claras. «Actuar como pretendió la administración, por más que se trate de justificar por la Abogacía del Estado, necesariamente ha de vulnerar los principios esenciales en estos procedimientos, en que deben regir los de publicidad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva».

La decisión del Supremo anula la concesión y, además de las consecuencias que esto implica para el Naútico de Eivissa, tiene otras en el ámbito penal. Esta adjudicación forma parte del 'caso Puertos' y es la parte principal del proceso que aún está bajo secreto de sumario. Este concurso provocó la dimisión de dos consejeros de la Autoritat, entre ellos un abogado del Estado, que no estaban de acuerdo con el procedimiento inicial ni con la reacción que se tomó ante la primera sentencia del TSJIB. Si el Supremo hubiera avalado la actuación de la APB cualquier sombra de prevaricación se hubiera esfumado de golpe. Incluso lo hubiera hecho con una resolución menos contundente en sus términos.

El Club Naútico de Eivissa explotaba desde hacía más de una década las instalaciones cuando se planteó una nueva adjudicación. Se siguió un proceso de competencia en el que se valoraba el interés del puerto. Sin embargo, según la primera sentencia del TSJIB y, ahora la del Supremo, este procedimiento era poco claro y podía resultar arbitrario, por lo que se anula. El juzgado de Instrucción 3 investiga si llegó a ser delictivo. Esa denuncia, junto a otras por la adjudicación de amarres en Maó detonaron la detención de la cúpula de la APB en julio del año pasado y el registro de las instalaciones. Por el momento solo se ha levantado el secreto de sumario de la pieza que afecta a Menorca y esta misma semana han comenzado las primeras declaraciones de testigos por esta parte.