Los estudiantes abandonaron la Isla en un barco con destino a Valencia. | M. À. Cañellas

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La consellera de Salut, Patricia Gómez, agradeció el apoyo recibido de los consejeros de su mismo ramo en otras comunidades autónomas, de los diferentes directores generales, y «del propio Ministerio», aseguró, y lo atribuyó a una especie de empatía entre gestores tras «un año y medio de pandemia» con momentos «difíciles y duros».

El apoyo llegó al conocerse que la directora general de Salut Pública, Maria Antònia Font, debe declarar ante los juzgados al ser investigada por detención ilegal en el caso del aislamiento de los estudiantes en el hotel puente de Palma a causa del megabrote de COVID.

La consellera de Salut se mostró convencida de que con la comparecencia del próximo mes de septiembre y la documentación que su Conselleria ya ha aportado a los juzgados, se entenderá que la actuación se hizo para hacer prevalecer la seguridad de la población.   

También tuvo palabras de respeto por el poder judicial, ya que «al final todos los ciudadanos tenemos que cumplir normas jurídicas, están para eso», dijo. Además reconoció que en Salut «a veces se toman cuatro decisiones a la vez, de forma simultánea, y es difícil limitar cada paso», como requería la justicia.

La directora general recibió ayer el respaldo de la mayor parte de partidos políticos de la isla, de forma clara por parte del PSIB y Podemos y más    velada en el resto de formaciones.

«Damos apoyo total a la directora general de Salut Pública y a todos los que están trabajando contra una pandemia que está siendo muy difícil para todos», señaló la socialista Pilar Costa.    «El auto de la juez es desmesurado y no se ajusta a la realidad de los hechos», dijo Esperança Sans (Podemos).

Más críticos fueron los representantes del PP, Cs y Vox. La diputada del Partido Popular, Núria Riera, dio su apoyo a Maria Antònia Font, pero criticó la «chapuza jurídica» del Govern. «Rechazamos las conductas incívicas de los jóvenes que no cumplen normas, pero también debemos mantener respeto a decisiones judiciales y ya llevan tres o cuatro veces que tumban medidas de Armengol», dijo la diputada.

Las críticas

«La justificación del Govern era incorrecta y la seguridad de la gente de Balears peligra por las chapuzas del Govern», añadió. Riera insistió en la propuesta de que el Gobierno apruebe una ley de pandemias que habría puesto fin a la inseguridad jurídica de muchas de las medidas adoptadas.

Patricia Guasp (Cs) lamentó la imputación de la directora general y consideró que debe irse «porque ella misma ha dicho que está agotada». Guasp aseguró que su partido respeta los procesos judiciales.

«Las medidas contra la pandemia tienen que estar sujetas a la ley y por eso combatimos en parlamentos, tribunales y calles restricciones y leyes sanitarias arbitrarias y liberticidas», aseguró el portavoz de Vox, Jorge Campos. Anunció que su partido presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de agentes COVID.