Saray Soler asegura que no trabaja para cuidar a sus hijos. Así, el único salario que reciben es el de su marido. | Pilar Pellicer

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El día 14 de julio, Saray Soler, su marido Antonio y sus cinco hijos, de entre nueve y dos años, fueron desahuciados de un piso que ocupaban ilegalmente en la barriada de Corea desde hacía tres años. La familia, sin embargo, lamenta que no hubieran tenido una alternativa habitacional. «No tenemos a dónde ir, los Servicios Sociales del Ajuntament de Palma solo nos han ofrecido un albergue, pero no es la solución», considera Saray, de 32 años.

Desde el mismo día del lanzamiento, la suegra de ella decidió hacerse cargo, por el momento, de toda la familia en su piso de alquiler, diminuto y que se encuentra emplazado justo arriba del que ocupaban. «No hay derecho de lo que le han hecho a mi hijo y mi nuera. Aquí no cabemos todos, y yo estoy enferma. El mundo se me ha caído encima», se lamenta la suegra.

La pareja, además, tiene una hija con discapacidad. El colegio de la menor les informó de un «retraso en aptitudes psicolingüística, como si tuviera dos años y cinco meses menos», detalla Saray, por lo que ya han solicitado el reconocimiento del certificado de discapacidad.

El comedor de la vivienda minúscula se ha reconvertido en habitación. En una cama duermen los cinco niños y en el sofá, el padre y la madre.

Situación judicial

La familia desahuciada vivía desde hacía años en un piso en Inca. Saray Soler asegura que en 2018 «no podíamos afrontar más el alquiler. Como me veía en la calle, a pesar de pedir al Patronat Municipal una vivienda social, decidimos ocupar un piso».

No fue hasta 2019 cuando un juzgado les notificó su desahucio, que acabó paralizado tras el juicio. Así las cosas, la pareja acarrea multas por su okupación: una multa por la vivienda, obligados a pagar 180 euros durante cuatro meses, y otra por la luz, de alrededor de mil euros. Saray Soler añade que ese mismo año estuvo detenida un día. Fue tras su visita a la Policía Nacional por renovación de DNI. Le informaron de que, debido a la ocupación ilegal, la detenían por requisitoria judicial.

«Llamé a mi abogada y gracias a ella pude salir». Desde hace un mes esperaban el segundo lanzamiento. Se ejecutó el pasado miércoles con la posibilidad de acudir, todos, a un albergue. La pareja lamenta que «se nos echó de ese piso para meter, el mismo día, a una pareja de alcohólicos que ya tenían vivienda social pero que pidieron otra porque tenían cucarachas».

La abuela de los menores, y suegra de Saray, está «preocupada» por la crítica situación. «Tengo miedo de que se entere mi casera y nos echen a todos. Entonces no tendríamos a dónde ir. Los trabajadores sociales han sido muy malos», denuncia.