El conseller de Medi Ambient, Miquel Mir Gual. | Joan Torres

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La Conselleria de Medio Ambiente del Govern balear tiene conocimiento del caso de posible contaminación del acuífero de Son Reus desde 2008, y en 2009 ya alertó a los vecinos de dos pozos cercanos al vertedero de que no utilizaran el agua.

Así lo han indicado fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio a Europa Press, señalando que desde entonces se hace un seguimiento y controles para garantizar que este caso no suponga un peligro para la salud pública.

La Conselleria tuvo conocimiento de este asunto a través del Plan de Medidas y Vigilancia Ambiental del Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos Urbanos de Mallorca.
Además, tanto la Dirección General de Recursos Hídricos como la de Residuos han hecho varios requerimientos a la empresa municipal Emaya para que resolviera el problema.

En paralelo, la Conselleria va haciendo un seguimiento específico para este caso, además de las analíticas periódicas en cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, han señalado desde la administración autonómica.

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Un Juzgado de Palma tiene abierta una investigación por posible contaminación en el acuífero de Son Reus debido a la presencia de un vertedero en la superficie, clausurado en 2008. La investigación parte de un informe de unas 600 páginas elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), con cuyas conclusiones Emaya no está conforme.
El regidor de Medio Ambiente de Palma y presidente de Emaya, Ramon Perpinyà, ha indicado este miércoles que actualmente no hay ningún cargo municipal imputado por esta investigación, ni tampoco Emaya aparece como investigada.

El vertedero daba originalmente servicio a Palma y a partir de los años 90 comenzó a dar servicio a toda la Isla, hasta que en 2008 se clausuró. Según el regidor, se llevaron a cabo «toda una serie de infraestructuras», de las que se encarga Emaya, para velar por el mantenimiento del lugar.

El concejal ha apuntado que la ley exige realizar analíticas cada seis meses pero que Emaya, «por precaución», las hace cada tres meses. Según Perpinyà, todas las analíticas «salen correctas» y «no se ha encontrado ninguna que incumpla las normativas vigentes».

Sin embargo, Emaya encargó al IGME este estudio, algo más detallado, cuya respuesta llega en 2019, que sí concluye que hay contaminación del acuífero. «No estamos conformes con las conclusiones», ha incidido, considerando que son «contradictorias».