Dos jóvenes "saludan" desde un balcón del hotel COVID. | M. À. Cañellas

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Definitivamente, el megabrote se ha convertido en un megaembrollo. El varapalo judicial al Govern registrado este miércoles marca a fuego el enésimo capítulo de la crisis sanitaria que ha agrietado notablemente la imagen de Balears como destino seguro.

Visto con perspectiva, es evidente que fue un error grosero abrir las puertas a los viajes de fin de curso, el problema es que casi todos lo celebramos como un evidente síntoma de la recuperación económica. Lo que ha venido poco después es de dominio público. Contagios en masa, aislamientos, populismo barato y un revés en los juzgados que dinamita gran parte del plan del Govern para contener el brote.

En esencia, el auto de la juez Sonia Martín Pastor, que ratifica parcialmente las medidas de la directora general de Salut, revela que el Ejecutivo balear no ha sabido explicar por qué tiene aislados a casi dos centenares de jóvenes en un hotel del Passeig Marítim.

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La jueza, al menos, ha ratificado el confinamiento forzoso en regimen de aislamiento y bajo custodia policial de los estudiantes que hayan sido positivo en la prueba diagnóstica PCR.

Resulta exagerado advertir que el megabrote ha puesto en jaque a la temporada turística, pero no reportará nada bueno. La próxima revisión del semáforo del Reino Unido será un excelente termómetro.

Una décena de jóvenes «liberados» por la jueza lograron durante la tarde noche del miércoles billetes de avión para un Palma-Bilbao. Para el resto, el Govern ha fletado un barco que zarpará rumbo a Valencia el jueves. Hasta nunca...