El banco de las defensas durante el informe del abogado Eduardo Valdivia (a la derecha), ayer en la Audiencia Nacional.

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La defensa de los exdirectores generales de Sa Nostra, Pau Dols y Pere Batle defiende ante el tribunal que «la operación de Son Bordoy fue una buena decisión» que consiguió duplicar el valor de un activo de la caja que antes «estaba a punto de hundirse». El abogado Eduardo Valdivia ha sostenido esta mañana en la Audiencia Nacional que el valor de los terrenos subió gracias a la financiación que sus dos representados concedieron al empresario Martín Gual y se basa en la tasación de más de 70 millones de euros que ha hecho ahora la administración del concurso de acreedores de la sociedad propietaria del suelo.

Valdivia niega la comisión de delitos de administración desleal y de apropiación indebida por los que la Fiscalía reclama cuatro años de cárcel para sus representados. «Si Sa Nostra hubiera seguido ahora en Son Bordoy vivirían 700 familias», dijo. Reprochó que sólo se acuse a los exdirectores generales que dejaron la caja en 2009 y 2010 y que, más tarde BMN continuara financiando el proyecto sin que se le achaque ningún delito. Señala que, cuando Gual asume los terrenos y los créditos que antes estaban en manos de dos empresas al borde de la quiebra, Sa Nostra ya tenía comprometidos 65 millones de euros. «¿Qué debían haber hecho, dejarlo perder todo?», se preguntó. Así, considera que los 22,8 millones de euros que se destinaron a la operación hasta la desaparición de la caja respondían a la actuación de un «gestor responsable». Reprocha que si no se ha construido nada y si dos de las fincas han pasado a ser rústicas es por la gestión posterior.

Dols y Batle «han dedicado su vida en cuerpo y alma a Sa Nostra, gozaban de un prestigio personal, social y empresarial» defendió: «El oprobio que han sufrido durante estos cuatro años de instrucción ya es suficiente. Ninguno de ellos se ha enriquecido con esta operación y no hay el menor indicio de ello». De forma alternativa, Valdivia, plantea una prescripción del delito de administración desleal que no fue denunciado hasta más de cinco años después de los créditos. «Había un problema, un problema serio, había dos activos embarrancados y actuaron con responsabilidad».