La fiscal, Belén Dorremochea, a la izquierda, junto a la abogada del Estado y la representante de La Caixa. | Ultima Hora

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«El incumplimiento de la normativa está claro. Fue una negligencia que no se puede aceptar». La fiscal Anticorrupción Belén Dorremochea justificó en la Audiencia Nacional su petición de cuatro años de prisión para los exdirectivos de Sa Nostra Pau Dols y Pere Batle: «No fue una operación arriesgada que fuera mal. Se incumplieron las normas más básicas», señaló y apuntó a un desvío de fondos continuado para beneficiar al empresario Martín Gual.

El ministerio público considera un delito continuado de administración desleal y otro de apropiación indebida los sucesivos crédicos concedidos a Gual a partir de 2008 para la operación Son Bordoy. La base de la acusación es que toda la maniobra estaba acordada previamente por Batle, Dols, Gual y los otros dos acusados y que se omitieron todos los informes en contra. Sostiene que eran conscientes de que la empresa no tenía liquidez y no podía hacer frente a los créditos y señala que, en realidad, «el destinatario final de los fondos es la persona de Martín Gual». «¿Qué pasó con todo el dinero que se dio? No sabemos dónde están los 30 millones de euros», criticó. En la sesión de este martes fue el turno de los informes de todas las acusaciones: Fiscalía, Abogacía del Estado, La Caixa y la Sareb. Todas coinciden en que las operaciones no cumplieron con la normativa y que pretendían ocultar la situación comprometida que tenía Sa Nostra y no apuntarse una pérdidas por Son Bodoy que podían haber desencadenado una intervención por parte del Banco de España.

El letrado del ‘banco malo’ fue el más explícito en este sentido: «La situación no tenía situación y sabían que les iba a estallar. No fue un crédito normal sino y plan de rescate de la responsabilidad personal de Dols y Batle. No hay critero profesional que justifique esa operación», dijo. Las acusaciones, sin embargo, mantienen enfrentamiento abierto por dos cuestiones: cuánto dinero deberían pagar los acusados en caso de condena y a quién. Fiscalía y Abogacía consideran perjudicado al Estado, a través del Frob. La Caixa lo reclama para sí y lo mismo hace Sareb.