Imagen de archivo de Carlos Delgado (izquierda) con su abogado, Miguel Arbona. | T. Ayuga

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El exconseller de Turisme, Carlos Delgado, está a centímetros del banquillo de los acusados por el ‘caso Calanova’. El Juzgado de Instrucción tres de Palma dictó ayer auto de apertura de juicio oral en la causa después de que Fiscalía, la Abogacía de la Comunitat y dos acusaciones particulares acusen al exconseller de prevaricación y de tráfico de influencias.

El ministerio público reclama para Delgado una condena de un año y nueve meses de prisión y el pago de una multa de 1,1 millones de euros. La autonomía eleva la petición hasta los dos años de cárcel y 1,4 millones de euros de sanción. Ambas solicitan además que sea inhabilitado durante más de una década para cualquier cargo.

El auto de apertura de juicio oral incluye, además de a Delgado, al exsecretario general de la Conselleria, Joaquín Legaza, al empresario Felipe Elvira, al socio de despacho del exconseller, Carlos Gelabert y al abogado Francisco López Hinojosa. Todos ellos afrontan peticiones de penas de multa y cárcel similares a las de Delgado.

La calificación provisional de la Fiscalía sostiene que el entonces conseller favoreció que la sociedad Port Olimpic Calanova ganara el concurso para la privatización del puerto deportivo porque su «abogado y amigo personal», Carlos Gelabert era socio de la misma. «La adjudicación generó un desproporcionado beneficio económico» para Gelabert y su socio de despacho, López Hinojosa. Los empresarios que ganaron el concurso, añade, «se beneficiaron de la influencia ejercida por el acusado Carlos Gelabert a través de su relación personal y profesional con el conseller para lograr la adjudicación del concurso a su favor».

Las acusaciones relatan cómo Delgado pilotó todo el proceso a través del secretario general, Joaquín Legaza. La Fiscalía acusa a este de ocultar datos clave al consejo de administración de Ports de Balears que allanaron el camino a Port Olimpic. Entre estos datos está una modificación de amarres que nadie más pudo hacer y que permitió incrementar mucho la oferta económica, el ocultar que la medallista Teresa Zabell había dejado el proyecto o que los trabajadores no iban a quedarse en el puerto sino que iban a pasar a la plantilla de la comunidad. Sobre esto último, la fiscal, Laura Pellón, explica que con esa decisión, el Govern perdió todo el dinero que se pretendía ahorrar con la privatización ya que el canon que paga la empresa es menor que el coste de esta plantilla. Delgado ahora