La Delegación del Gobierno en Balears señala que el PP no pidió permiso para el acto del sábado, pero tampoco tenía que hacerlo porque no se trataba de una concentración ni de una manifestación. | Pilar Pellicer

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El Govern cree que el acto de presentación de Marga Prohens como candidata del PP incumplió todas la normativas sanitarias en vigor en las Islas porque no se respetó el aforo permitido ni las distancias de seguridad. «Estaban amontonados uno de encima de otro y solo les faltó saltarse el toque de queda», señalan con sorna.

Sin embargo, no habrá sanciones, expedientes o multas porque allí no había ni policías ni inspectores para abrir un expediente formal y tramitarlo después. Con el retraso con el que se tramitan los expedientes (solo se han gestionado 900 multas de los casi 40.000 expedientes impuestos), también es posible que la multa llegue al PP el año de la verdadera y auténtica, esta vez con mayúsculas, renovación en el partido, con un vástago de Prohens, de Llorenç Galmés o de Sebastià Sagreras como candidato al Consolat frente a un sobrino/sobrina de Francina Armengol o un hijo/hija de Catalina Cladera. Todo es cuestión de apellidos.

Se reunieron a los pies de la Catedral unas 200 personas, casi más que el número de afiliados de alguna formación política que gobierna en las Islas. Hubo cierta separación entre los grupos, pero la foto muestra que la distancia mínima de seguridad brilló por su ausencia, según constata el Ejecutivo. En el Govern señalan que el acto podría haberse presentada como una reunión de trabajo de toda la militancia, pero ni siquiera bajo ese paraguas se cumple la normativa ya que solo pueden juntarse 150 personas y debe haber un protocolo previo relativo al control de los accesos, uso de gel hidroalhólico y distancia de seguridad.

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«Si aquello era una reunión de amigos, sólo podía haber diez personas, aunque si lo que celebraban era un velatorio, la cifra podía haber subido a 50», ironiza un representante del Govern en alusión a la salida de Gabriel Company del Partido Popular.

¿Tenía que haber solicitado permiso el PP a la delegada del Gobierno, Aina Calvo, para celebrar este acto? En la Delegación del Gobierno de Baleares aseguran que no porque ni era una concentración ni era una manifestación. El PP no pidió permiso, pero en la Delegación comparan este acto con una petición que realizó un grupo de seguidores del Mallorca para apoyar a su equipo. En este caso, como en el de Prohens, la Delegación del Gobierno entiende que no es la administración competente para dar o no permisos.

Los comentarios en el seno del Govern sobre el acto de Prohens indican que, en los dos años que aún quedan hasta las elecciones, no le van a perdonar ni una. En el Consolat han sufrido como algo personal los constantes ataques del PP a la presidenta por el caso del bar Hat, así como las duras críticas por una comida en el Ayuntamiento de Ibiza con más comensales de los permitidos. El Govern defendió que no hubo incumplimiento porque era una reunión de trabajo no sujeta a las limitaciones en espacios interiores; en el PP insisten en que fue el ejemplo de otra de las prohibiciones que impone Francina Armengol a todos los ciudadanos, pero que luego ella no cumple.

Otro ejemplo de lo que se verá a partir de ahora en la política balear: el Govern hizo una consulta para ver si debía multar a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso por pasearse por Eivissa con novio, pero sin mascarilla. Ayuso tampoco pudo ser multada por el mismo motivo por el que no se pudo multar a la Ayuso ‘a la balear’: ni había policía ni había inspectores para abrir un expediente formal. PP y PSIB se han puesto la lupa mutuamente el uno al otro. La de cosas que veremos estos dos años.