Los tres agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que declararon este lunes en la Audiencia Nacional repartieron los papeles entre los distintos acusados del juicio de ‘Sa Nostra’. Según aseguraron, los correos electrónicos intercambiados entre el difunto empresario Martín Gual y los exdirectores generales de la caja demuestran que la operación de Son Bordoy estaba decidida y acordada antes de pasar por toda la maquinaria de la caja. «Lo único que se hizo después fue dar forma jurídica a ese pacto».
Los guardias civiles, a respuestas a la fiscal del caso, incidieron en un correo de Gual al exdirector general y ahora acusado Pau Dols. En él, el empresario admite que las condiciones ventajosas y la financiación que consiguió fueron gracias a Pere Batle y que con Dols, «se hubiera hecho de otra manera». Así que le agradece que continuara con los compromisos de su antecesor.
Batle ya defendió en su declaración que fue él quien recurrió a Gual ante la amenaza que suponía para la caja que quebraran las empresas que eran las dueñas de los terrenos.
El informe de los agentes calcula que se financiación por un valor doce veces superior al precio de las fincas, toda vez que las valoran en 2 millones de euros en base a un correo electrónico enviado por el exdirector general de Invernostra, también acusado en este procedimiento.
Los agentes califica de «mecánica propia de blanqueo de capitales» el modo con el que Gual repartió el dinero entre las cuentas de sus distintas empresas y envió 6,9 millones de euros a Suiza. Sostienen que Sa Nostra ignoró las señales de que el empresario desviaba la financiación para sus empresas en lugar de invertirlos en la urbanización.
El abogado defensor de los exdirectores generales, Eduardo Valdivia, puso de manifiesto que, por los 6,9 millones de euros que Gual envió a Suiza, repatrió 8,9. Los agentes aseguraron que estos envíos de dinero se produjeron en momentos diferentes y negaron cualquier relación.
En la sesión de este lunes también declararon varios exempleados de la caja dedicados a control de riesgos. Todos rechazaron haber sufrido presiones para informar en un sentido o en otro y no recordar los motivos por los que desaconsejaron las operaciones que luego se aprobaban.
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