El juicio por el ‘caso sa Nostra’ sigue en la Audiencia Nacional.

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La intervención de los inspectores de la Agencia Tributaria en el juicio del ‘caso sa Nostra’ quedó a medias por cuestiones técnicas, pero, junto a la declaración de los expertos del Banco de España, es la principal prueba con la que cuenta la Fiscalía para acusar a los dos exdirectores generales de la entidad, Pere Batle y Pau Dols, de administración desleal y apropiación indebida. El informe de Hacienda se centra en los movimientos que hizo el empresario Martín Gual con los fondos millonarios que recibió para financiar a sus empresas Haras y Nueva Palmira, las encargadas de urbanizar Son Bordoy. Según los inspectores, «la mayoría de las transferencias eran simples salidas de fondos», lo que tiene «consecuencias en normativa mercantil y fiscal» porque se producen desplazamientos de dinero «sin justificación ni registro». «Hay una desprotección patrimonial para la empresa prestamista, Sa Nostra, porque los fondos se usan para finalidad distinta para la que se concedieron y sin registro»

Consideran que con esas salidas de dinero hacia otras empresas del Grupo Martín Gual «se hizo un desplazamiento patrimonial en perjuicio de Haras y en perjuicio de la prestamista. Todos esos desplazamientos incumplen normas mercantiles porque son en perjuicio de Haras y Nueva Palmira».

Frente a esta tesis, los peritos aportados por las defensas sostienen que Martín Gual aportó a las dos sociedades fondos propios en un volumen mayor al dinero que salió, por lo que sostienen que las operaciones le costaron dinero y le provocaron un perjuicio económico. Apuntaron a que el grupo de empresas mantenía una ‘caja única’ de la que el control exclusivo lo ejercía el fallecido Gual. El juicio continuará la próxima semana.