Imagen de archivo de Bel Busquets junto a Félix Pablo Pindado durante una ruede de prensa. | Jaume Morey

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Proposta per les Illes (Pi) y el PP balear han pedido este lunes el cese del director general de Fondos Europeos del Govern, Félix Pablo Pindado, por presuntas actividades fraudulentas, y ha solicitado la comparecencia de la presidenta del Govern, Francina Armengol, para que dé explicaciones al respecto.

La portavoz del Pi en el Parlament, Lina Pons, ha asegurado que «los Fondos Europeos no pueden estar en manos de una persona bajo sospecha. Es una mancha en el inicio de un expediente que debe llevar la reactivación económica en nuestra comunidad autónoma.

«La formación reclama que se den explicaciones cuanto antes, ante una cuestión tan importante para la reactivación económica como los Fondos europeos», ha destacado.

El Pi ha señalado que propuso hace unos meses que la gestión y adjudicación de los Fondos Europeos se hiciera con criterios técnicos y no políticos. En concreto pidió que la Comisión de Reactivación Económica coordinara las ayudas y extendido liderada por una figura independiente que velara por los intereses de Baleares.

Por su parte el Grupo Parlamentario Popular también ha pedido este lunes el cese «inmediato» «por su implicación en este caso contratos». Así lo ha pedido la diputada del PP Nuria Riera en una rueda de prensa en el Parlament, en la que también ha solicitado la comparecencia del conseller de Fondos Europeos, Cultura y Universidad, Miquel Company, por esta cuestión. «No estamos hablando del 'caso Garau', ni del 'caso Contratos' de MÉS, sino de un caso que afecta directamente al Govern y al conseller Company», ha criticado Riera.

La diputada ha recordado que «este director en 2015 ya era de confianza de la presidenta Cladera, a continuación lo fue de la consellera Rosario Sánchez y ahora del conseller Company» y ha preguntado «qué ha de pasar para que Armengol explique lo que ocurre en su Govern».

Según Riera, «hay mails que le implican directamente en un caso de abusos y de irregularidades fraudulentas en contratación». «El PP ya denunció ante la justicia este 'modus operandi' de contratos de MÉS, que ahora salpica a la parte socialista del Govern de Armengol y a esta red de empresas que Competencia ha denunciado», ha señalado.
«También dijimos, además, que estas sospechas existían por la falta de justificación de encargos que no se sabía qué finalidad tenían. Se adjudicaban contratos de los que no teníamos el objeto al que iban dirigidos. Y ahora conocemos que todo ello forma parte de un entramado de empresas y personas entre las que está el actual director general de Fondos Europeos», ha destacado la 'popular'. De esta forma, ha reafirmado que «se tiene que constituir sí o sí la comisión permanente para regular los fondos europeos», porque «no puede estar en unas manos dudosas el control de los fondos».

Sobre esta cuestión también se ha pronunciado la portavoz parlamentaria de Cs, Patricia Guasp, quien se ha mostrado «sorprendida» por «las informaciones en cuanto al caso contratos que afecta directamente al Govern y al director de Fondos Europeos». «Exigimos explicaciones y responsabilidades tanto a su actual conseller Company, como a los anteriores consellers», ha indicado.

Defensa

El portavoz del Govern, Iago Negueruela, ha defendido este lunes la labor de gestión de Félix Pablo Pindado. Así se ha expresado Negueruela al ser preguntado por este asunto durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. Se trata de una resolución, publicada la semana pasada por Competencia, con la que sanciona al administrador solidario de Regio Plus y CPC, Jaume Garau -exjefe de campaña de MÉS-, a su socia Rocío Cortés y a la empresa Regio Plus por participar en un cártel de manipulación de contratos mediante la práctica conocida como 'ofertas de cobertura'.

La CNMC no sanciona a Félix Pablo Pindado y de hecho su nombre completo no aparece en el informe, pero sí referencias a su nombre de pila en correos electrónicos intervenidos de la empresa Regio Plus, en los que se constata la coordinación entre empresas para ganar contratos. Según informó el sábado 'Diario de Mallorca', Pindado compartió propiedad con Garau de esta empresa hasta 2015.

Negueruela ha expresado que el Govern respeta las actuaciones de la CNMC, pero ha destacado el hecho de que la propuesta de sanción «queda circunscrita» a «otros nombres» -los de Garau y Cortés-.

Así, ha recalcado que «tras un profundo estudio» Competencia no impone «ninguna sanción» al actual director general de Fondos Europeos. «Ahí queda para el Govern zanjada la cuestión», ha considerado el portavoz del Ejecutivo.

El conseller ha afirmado que Pindado «está haciendo un excelente trabajo» al frente de la Dirección General de Fondos Europeos, destacando que Baleares «ha pasado a ser la mejor» región en ejecución de fondos Feder y Fondo Social Europeo.

La investigación de la CNMC, que abarca más de 200 contratos y 22 empresas, diferencia dos redes estructuradas, una que operaba en la zona norte de España y otra de ámbito nacional. Al frente de la segunda sitúa a Regio Plus como «impulsora del cártel», con un «papel preponderante y no meramente testimonial en la articulación y mantenimiento del cártel». «Es una de las empresas con mayor participación en las coberturas», recoge el informe.

Competencia ha detectado hasta 14 licitaciones públicas en Baleares, entre los años 2011 y 2016, afectadas por las prácticas anticompetitivas del cártel empresarial de manipulación de contratos, todas ellas con participación de Regio Plus o CPC, las dos empresas vinculadas al exjefe de campaña de MÉS, Jaume Garau.

Dos de esas licitaciones se hicieron en 2016 con la Dirección Generan de Fondos Europeos, cuando Félix Pablo Pindado ya era el director general.

Garau, junto a varios cargos del Govern, fue investigado judicialmente por presuntas irregularidades en la tramitación de varios contratos de este tipo. El Juzgado finalmente archivó la causa.

La CNMC imputa la participación de Garau desde octubre de 2015 hasta junio de 2018 en el cártel nacional. El afectado, por su parte, alegó que sus funciones como directivo de las dos empresas no eran tareas de dirección real, sino a título nominal, y que desconocía las prácticas de su compañera.

Sin embargo, la Comisión considera constatado que tanto Garau como su socia desarrollaban estas prácticas «estando normalmente en copia del resto de correos», con participación «constante, reiterada, activa y autónoma».