Palma es uno de los municipios de de más de 50.000 habitantes que tendrán que presentar planes de zonas de bajas emisiones. La movilidad de vehículos ya está muy limitada en el centro de Palma. | Redacción Local

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El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó definitivamente este pasado jueves la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España, que tendrá una incidencia directa en los territorios. ¿Cómo afectará a Baleares?

El director general d'Energia i Canvi Climàtic del Govern, Pep Malagrava, ha explicado que «a nivel de objetivos, no afecta demasiado ya que nuestra Ley es más ambiciosa, y por tanto los objetivos con los que ya estamos trabajando ya se están cumpliendo. Por tanto como son más ambiciosos, no afectará demasiado».

Malagrava sí ha precisado que la ley contra el cambio climático sí afectará a la movilidad de las Islas. En concreto, se tendrán que planificar zonas de bajas emisiones». En este sentido, recuerda que el Govern instará al Gobierno central a restringir la circulación del diesel en el año 2025 y la de la gasolina en 2035.

Además, ha destacado que «Baleares tendrá que seguir desarrollando al mismo ritmo o superior el despliegue de renovables para llegar a los objetivos de reducción de emisiones y de renovables a la vez». En este punto, ha reiterado que el Ejecutivo autonómico es «más ambicioso que la Ley aprobada».

Malagrava concluye que otra de las novedades es que «los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes deben presentar planes de zonas de bajas emisiones en 2023». En relación a este asunto, ha puntualizado que ni el Govern ni la Ley decidimos si se deben ampliar o no esas zonas». En concreto, los municipios que tendrán que presentar estos planes son Palma, Ibiza, Calvià y Manacor.

En el caso de la capital balear, ya existen muchas restricciones para los coches el centro puesto que prácticamente todo es Acire y sólo pueden circular los residentes o vehículos autorizados.

¿Qué dice la ley?

La citada normatica se ha aprobado con el voto favorable de todos los grupos excepto Vox, que ha votado en contra, y de PP y Más País-Verdes Equo, que se han abstenido.

La nueva Ley, que será efectiva al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, contempla una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 23 % hasta el año 2030 respecto a los niveles de 1990. Además, plantea el objetivo de lograr la neutralidad climática como máximo en 2050.

También fija el reto de alcanzar una penetración de energías renovable en el consumo de energía final de un 42 %, como mínimo, y lograr una sistema eléctrico con al menos un 74 % de generación a partir de energías de origen renovable. El objetivo de estas medidas es reducir emisiones de gases de efecto invernadero, potenciar las energías renovables y la eficiencia energética. Estos objetivos se revisarán al alza en 2023.

La Ley también prevé la supresión de los vehículos de combustión como máximo en 2040; la prohibición de las prospecciones y explotación de hidrocarburos a partir de la entrada en vigor de la ley así como los proyectos de fracturación hidráulica y la minería de uranio.

Además, fija una serie de restricciones a los proyectos de energías renovables dirigidas a que su despliegue se acometa de acuerdo con un mapa de zonas de especial valor para la biodiversidad. Como se ha explicado anteriormente, los municipios de más de 50.000 habitantes o de más de 20.000 cuando tengan problemas de calidad del aire deberán contar con áreas de bajas emisiones.