Llorenç Galmés (PP) hablando con los interinos, que protestaban.

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Los peajes que anunció la semana pasada el Gobierno del Estado no se aplicarán en las carreteras de Mallorca. Así lo aseguró este jueves el conseller insular de Mobilitat, Iván Sevillano, a raíz de una pregunta del PI.

El Consell, que es el titular de la red viaria de Mallorca, rechazó desde el primer momento la implantación de esta medida en la isla. No obstante, el Ministerio de Movilidad, que es el impulsor de los peajes, señaló su intención de que se aplicara también en las carreteras que no eran de su competencia.

Por otro lado, el ministro José Luis Ábalos dejó claro el martes en el Senado, a raíz de una pregunta de Vicenç Vidal, que en las islas lo decidirán los consells insulars. En este contexto, Sevillano se mostró ayer tajante y aseguró que no habrá peajes. «Creo que todo el mundo se quedaría muy sorprendido si ahora pusiéramos peajes, cuando la política de esta institución ha sido suprimirlos», señaló en alusión al del túnel de Sóller. Sevillano recordó asimismo que los ciudadanos de Mallorca ya han pagado con sus impuestos tanto la construcción como el mantenimiento de la red viaria y que no permitirá que deban costearlas por tercera vez.

Zonificación

También se habló de la zonificación de los parques fotovoltaicos, una tarea que la Llei de Canvi Climàtic reserva a los consells insulars. Maria Antònia Garcias, la responsable de Territori, señaló que su departamento ha hecho su trabajo y que está a la espera de que las conselleries de Medi Ambient y Agricultura del Govern les remitan unos informes. Esta aseveración contrasta con lo que dijo hace unas semanas el vicepresidente Juan Pedro Yllanes, que criticó al Consell por no haber aprobado aún la zonificación. Antoni Amengual, del PI, reprochó a Garcias esa «demora» y denunció inseguridad jurídica y que se autorizan parques «con cierta discrecionalidad».

El pleno aprobó también conceder varias subvenciones nominativas. Dos, dotadas con 100.000 cada una, serán para la Cruz Roja y el Banc d’Aliments, para hacer frente al incremento de ayudas para alimentación. Las otras, que alcanzan los 521.000 euros, serán para dieciséis federaciones deportivas.

Por otra parte, el personal interino del Consell volvió a protestar por su situación. El pleno acordó pedir a Madrid que cambie las leyes para posibilitarlo.