Imagen de la autopista que une Palma con Llucmajor. | A. Sepúlveda

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El «mecanismo de pago» para el uso de las autopistas que ha anunciado el Gobierno del Estado también se podrá aplicar en Mallorca. De momento se han hecho públicos pocos detalles de la medida, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dejado claro que, si bien inicialmente solo se implementará en la red viaria de su titularidad –y, como Mallorca es una isla, carece de carreteras nacionales–, más adelante se tratará de implicar al resto de administraciones para que también la apliquen en las carreteras de su competencia.

El responsable político de la red viaria de Mallorca es el conseller insular de Mobilitat i Infraestructures, Iván Sevillano. Sevillano señaló ayer que no tiene noticias de que la medida afecte a la isla; sin embargo, avisó de que si se planteara defenderá con firmeza que tales peajes «no aterricen en modo alguno en la isla».

Uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno para justificar la medida es la necesidad de acabar con el déficit que supone el mantenimiento y la conservación de la red viaria española, que es la más extensa de Europa. Sevillano salió al paso de dicha idea: «aquí no tenemos el déficit de conservación y explotación que tienen muchas carreteras de la Península». En esta línea, añadió que «los ciudadanos ya pagamos con nuestros impuestos la construcción y conservación de las infraestructuras y por lo tanto no debemos pagar luego doblemente».

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Además, el conseller insular advirtió de que esa medida choca con la voluntad del Consell. «Las políticas que venimos haciendo desde la izquierda caminan justamente en sentido contrario: liberar peajes para la ciudadanía por igualdad y justicia social», dijo en alusión al peaje del túnel de Sóller. «Si se requiere una subida de impuestos para asegurar la llegada de los Fondos Europeos, que se comience por las grandes fortunas que más tienen, que injustamente además suelen ser quienes disponen de unas tasas impositivas más bajas, no por la mayoría de una población ya tan castigada», sentenció el conseller ‘podemita’.

Jeroni Saiz, que fue el conseller d’Obres Públiques que negoció el traspaso de la titularidad y mantenimiento de las carreteas estatales a la Comunitat Autònoma, opina que el Estado tendría margen para que el peaje se aplicara en Mallorca. «Ahora bien –matiza–, si se trata de un impuesto finalista tendría que gestionarlo y se lo tendría que queda el Consell, que es quien hace y mantiene las carreteras aquí. Ignoro si podría satisfacer al Estado, que es quien necesita el dinero», añade.

Vías afectadas
La intención del Gobierno es que el peaje solo se aplique inicialmente en las autopistas y autovías y, más adelante, en el resto de carreteras, excluidas las comarcales y las locales. En Mallorca hay cuatro autovías o autopistas: la Ma-1, que conecta Palma con Peguera; la Ma-13, que enlaza la capital con sa Pobla; la Ma-19, que actualmente llega hasta Llucmajor (y próximamente hasta Campos) y la Ma-20, que es la vía de cintura de Palma. Sin embargo, no es descartable que también pueda implementarse en otras dos vías con dos carriles de circulación por sentido: la Ma-15, que es la carretera de Manacor; y la Ma-30, que es el segundo cinturón de Palma.

Las numerosas dudas que aún existen sobre la medida, que se desveló el miércoles y que pretende garantizar la llegada de los 140.000 millones de Europa, se comenzarán a despejar las próximas semanas, que es cuando el proyecto de ley que se está elaborando se eleve al Consejo de Ministros. El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene la intención de que el Congreso apruebe la ley dentro del segundo semestre de 2023 y que se pueda aplicar a partir de 2024.