La presidenta Francina Armengol y la ministra Maria Jesús Montero, en el Consolat de la Mar. | Jaume Morey

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La decisión sobre si a partir del domingo se mantiene el toque de queda y se limita el número de personas que pueden congregarse en una misma reunión quedará finalmente en manos de los jueces. Serán ellos quienes decidan en los próximos días si estas limitaciones que finalmente ha aprobado el Govern son legales o no lo son.

Las Islas vivieron este miércoles de idas y venidas político-judiciales que culminó con la celebración de un Consell de Govern convocado de manera extraordinaria y urgente por Francina Armengol. En esta reunión se aprobó que en Baleares se mantendrá el toque de queda a partir del domingo entre las 23.00 y las 06.00 horas; no podrá haber más de seis personas en las reuniones sociales tanto en ámbitos públicos como privados; todos los viajeros que lleguen a las islas deberán presentar una PCR o un test negativo y se mantendrán restricciones en los lugares de culto con un aforo limitado al 50 por ciento.

La decisión del TSJ

La convocatoria de este Consell de Govern se debió a que el Tribunal Superior de Justicia (TSJIB) se había salido horas antes por la tangente. La Sala de lo Contencioso del Tribunal decidió a media mañana inadmitir a trámite la propuesta de medidas sanitarias formulada por la consellera de Salut para que fueran aprobadas por el Consell de Govern el viernes.

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El Ejecutivo se lo había enviado el lunes para que esas medidas, que colisionan con derechos fundamentales, recibieran el respaldo judicial que necesitan para ser efectivas. Sin embargo, los magistrados no dicen ni que sí, ni que no. La postura mayoritaria en el auto devolvía la petición al Govern porque esas medidas aún no se habían aprobado y tres magistrados de la sala entendían que sólo pueden autorizar «medidas ya adoptadas por el órgano que corresponda».

Autorización a posteriori

El auto insistía en que la competencia de los tribunales es la «autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales».

Añade el TSJIB que el Consell de Govern no las ha aprobado antes de solicitar su autorización por la Sala, «por lo que no se cumple el requisito objetivo previsto en la norma procesal». Por eso declara inadmisible la solicitud de autorización. Contra esta decisión se pronunciaron dos magistrados: el presidente de la Sala, Gabriel Fiol y Pablo Delfont. El primero considera que se realizó una «interpretación formalista» de la ley que «evitan el problema real pero no lo afrontan». El segundo exponía: «Vivimos con una pandemia que pone en riesgo casi todo. Esa realidad no deroga nada, pero llama a promover las soluciones más eficaces y prósperas para todos, empezando por la salud pública».

La reacción del Govern fue instantánea y en la misma mañana de este miércoles se celebró un Consell de Govern que convirtió la propuesta en normativa. Para que la normativa entre en vigor y sea efectiva ahora tiene que volver a la Sala de lo Contencioso del TSJIB que tendrá un plazo de tres días para pronunciarse, lo que sitúa la fecha límite el mismo sábado, horas antes de que expire el estado de alarma.

La Fiscalía estaba en contra

La Fiscalía ya había avanzado su postura, en la que rechazaba que se pudiera mantener el toque de queda y las limitaciones a reuniones en domicilios al colisionar con derechos fundamentales que deberían ser regulados a través de una ley orgánica.

La presidenta Armengol defendió esa consulta previa realizada al TSJIB en que era importante saber «con precisión» qué medidas se podían tomar porque afectaban a derechos fundamentales. En el Ejecutivo había cierto malestar por la decisión de Tribunal de no pronunciarse si antes no se adoptaba un acuerdo formal por parte del Consell de Govern. El Ejecutivo espera que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Balears se conozca hoy porque ha convocado una nueva reunión del Consell de Govern el viernes.