Son Dureta es uno de los puntos de vacunación masiva. | P. Pellicer

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«Las personas desplazadas a otras Comunidades Autónomas y las extranjeras residentes en España, recibirán la vacunación correspondiente en el lugar donde se encuentren desplazadas o residiendo». Así reza la estrategia nacional de vacunación contra la pandemia de la COVID-19, un supuesto, todavía por resolver, que Salut calcula que podría afectar a unas 200.000 personas en las Islas.

Desde que se tratara en la Comisión Pública nacional de Salut el pasado mes de febrero, no se ha vuelto a hablar al respecto a nivel nacional, o al menos no se ha hecho público. Posteriormente, el IB-Salut anunció el 6 de marzo que trabajaba en la puesta en marcha de una línea telefónica para atender a este numeroso colectivo. Un número con el que «resolver incidencias y dudas de tipo administrativo y facilitar el acceso a la vacuna a las personas residentes en el archipiélago que, por algún motivo, no dispongan de tarjeta sanitaria», rezaba la comunicación oficial.

El objetivo era garantizar el acceso universal a esta prestación sanitaria pública y gratuita a todas las personas, independientemente de cuál sea su situación administrativa pero a día de hoy, sigue pendiente de lo que dicte el Ministerio quien tiene que decidir el cómo y el cuándo, hacer una estimación de la población flotante afectada, y hacer el envío extra de vacunas para ellos. Otras comunidades, sobre todo en la cuenca mediterránea, están en la misma situación que Balears.

Estas 200.000 personas, que responden a una primera estimación, son el grupo catalogado como desplazados y engloba a los trabajadores de otras comunidades que vienen sólo para la temporada estival, la gran mayoría son fijos discontinuos, o a extranjeros residentes que suelen tener un seguro privado y no se han dado de alta en el sistema sanitario público por lo que deben acudir a IB-Salut para inscribirse y formar parte del plan de vacunación.

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Cabe recordar que a las autonomías ahora se les están enviando dosis en función de su población diana residencial, es decir, de aquellas empadronadas en las Islas y a quienes se les presupone el alta en el e-SIAP (Sistema de Información de Atención Primaria).

El Ministerio recuerda en cada una de sus estrategias publicadas que la vacunación frente a COVID-19 no es obligatoria si bien es recomendable por sus beneficios y para alcanzar la ansiada inmunidad de grupo. Por otra parte se considera importante registrar los casos de rechazo a la vacunación en el Registro de vacunación, con la finalidad de conocer las posibles razones de reticencia en diferentes grupos de población.

En Balears, entre los grupos que se consideran completamente inmunizados como son las residencias, el porcentaje de rechazo es de poco más del 10 %.