Cristina Ballester, directora general del Ibavi: «Ninguna familia de los pisos ocupados en 'Corea' ha contactado con el Ibavi»

¿Cómo actúan ante situaciones de vulnerabilidad entre las personas que ocupan una de sus viviendas ilegalmente?

—El poder judicial toma las medidas oportunas para decidir si se desahucia o no. Si a nosotros, como propietarios de estas viviendas, nos informaran de que hay familias vulnerables, a partir de ahí actuamos. Hemos entrado en alguna ocasión en esas casas ocupadas ilegalmente y no podemos afirmar que se trate de familias vulnerables. Ni siquiera hemos podido trabajar con ellos a nivel social. Llevamos años recibiendo quejas de la comunidad de propietarios de Camp Redó pidiéndonos que actuemos con esta ocupación. Detrás hay mafias relacionadas con el tráfico de drogas. Otro tema son los gastos que no asumen, lo que provoca que otros vecinos tengan que hacerse cargo.

El Institut presentó la semana pasada 95 denuncias contra los inquilinos ilegales en sus viviendas. Parece que se están agilizando los desahucios.

—Las decisiones del poder judicial no dependen del Ibavi. Nosotros ponemos las denuncias y a partir de ahí esperamos a que nos informen. A día de hoy, hay 84 denuncias pendientes. Lo que sucede es que algunos casos se agilizan más que otros. Con respecto a los lanzamientos en Camp Redó, la situación es especial. Es un barrio complicado con otros problemas sociales e irregularidades. No es un tema con el que se pueda generalizar.

Llama la atención que empiecen a actuar ahora cuando hay casos de ocupación irregular desde hace más de 10 años en ‘Corea’.

—En 2013, el Partido Popular (PP), con el entonces conseller Gabriel Company, redactó un documento ante el Consejo de Administración en el que decidía parar las actuaciones de desahucios en las viviendas públicas. Desde entonces y hasta 2015 [fin de la legislatura de José Ramón Bauzà], el Ibavi dejó de actuar. En noviembre de 2019, el Govern actual quitó la cláusula y decidimos ir casa por casa para entregar una carta con el nombre de los trabajadores sociales para que estas familias pudieran contactar con el Ibavi a fin de encontrarles una solución. De las viviendas ocupadas en ese momento, solo tres familias se pusieron en contacto con el Institut. La gran mayoría no nos abre la puerta. Pese a todo, dejamos papeles con información debajo de las puertas. A partir de la notificación de las órdenes judiciales, ninguna familia de los pisos ocupados irregularmente en Camp Redó se ha puesto en contacto con nosotros.

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Las familias de ‘Corea’ aseguran que no recibieron ninguna notificación por parte de los juzgados ni llamadas del Ibavi para informarles de los lanzamientos.

—El Ibavi, antes de poner una demanda, bien por lo penal, bien por lo civil, se ha intentado de todas las maneras posibles contactar con esas personas sin éxito. Hemos ido a visitarles, les hemos enviado cartas. Desde el inicio de la legislatura, el resultado ha sido que, de los pisos ocupados irregularmente en nuestras viviendas, pocas familias nos llamaron. Ninguna de ‘Corea’.

Este jueves se conoció un caso de ocupación ilegal en una vivienda del Ibavi donde vive una mujer de forma regular.

—No fue una ocupación irregular, sino un allanamiento de morada. Son cosas distintas. Enseguida que nos enteramos de un caso así, actuamos de forma inmediata. Una vez avisamos a la policía, nos personamos en el domicilio para ver lo que sucedía, puesto que el Ibavi no puede intervenir.

¿Qué piensa hacer el Institut para evitar el incremento de viviendas ocupadas ilegalmente?

—Desde noviembre de 2019, solo hemos tenido dos nuevas ocupaciones irregulares. Es verdad que en un piso de Camp Redó falló la alarma y entraron. Pero nuestras medidas son muy efectivas. Cabe destacar que el Institut mantiene el contacto con los arrendatarios a fin de que cuando dejen el piso acuerden un día y hora y acudimos al domicilio para activar de inmediato la alarma.

El Ibavi informa ante ocupaciones ilegales y ofrece alternativas

El Institut Balear de l’Habitatge ha seguido el rastro de las personas que ocupan sus viviendas sociales. En esos casos informan al ocupante de su situación irregular y de que se procederá a una denuncia. Desde el Ibavi detallan la posibilidad de hacer entrega de la llave de forma voluntaria para que, así, «puedan entrar en el proceso de adjudicación de una de estas viviendas de forma legal. De lo contrario, no podrán optar a un piso del Ibavi durante un mínimo de cinco años», asegura la gerente Cristina Ballester. En algunos domicilios ocupados en ‘Corea’ se han detectado sendas actividades ilegales. El Ibavi actúa e informa tras detectar casos irregulares.