Unas 50 personas acudieron a la sede de la Policía Nacional, en s’Escorxador. | Redacción Local

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Cerca de medio centenar de vecinos de los pisos de 'Corea', en la barriada de Camp Redó, acudieron este lunes a las puertas de la Policía Nacional en s’Escorxador para mostrar su apoyo a las dos familias que presentaron una denuncia por un presunto delito de prevaricación contra los funcionarios del Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi) que, según reza en la denuncia, han resuelto estos desahucios sin que las familias recibieran ningún tipo de notificación ni resolución.

Ya se han ejecutado al menos siete desalojos en ‘Corea’ y se prevén al menos nueve más durante estos días. Según los propios vecinos, se estima que ejecuten 40 lanzamientos, y afectará a más de cien familias.

«A mí me echan supuestamente el día 28», aseguró ayer Carmen Molina, que acudió con su letrada Belén Porcel y el abogado Gonzalo Márquez ante la Policía Nacional para presentar su denuncia. En su caso, alegó que lleva cinco años residiendo en este piso del Ibavi que le cedió un amigo, titular legal del arrendamiento. La abogada justifica que su desalojo tendrá lugar en estado de alarma, por lo que se incumpliría la normativa.

El Ibavi, tras presentar sendas denuncias por usurpación contra inquilinos ilegales, ha argumentado en un informe que ha llegado a manos de los afectados «graves problemas en la barriada» y temor por la integridad física entre los otros vecinos. Añaden estos funcionarios quejas en relación a actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas, robos o amenazas. El organismo público está empezando a actuar, de esta manera, para liberar las viviendas de okupas y destinarlas al alquiler social a personas vulnerables.

Las familias afectadas por los próximos desalojos desmienten estas actividades ilegales y aclaran que «llevamos muchos años en estas viviendas y nadie nos ha ofrecido otra alternativa». Víctor Manuel Heredia es padre de cuatro menores y hace unos días tuvo que dejar el piso que okupabadesde hace 13 años. Es la segunda de las familias que ayer presentaron la denuncia contra el Ibavi. «Me llegaron a decir que si no me iba por las buenas, sería por las malas», dijo y lamentó que les estén «acusando» de cosas «que no representa la realidad de muchos».

Los representantes registraron en la Delegació del Gobierno una petición de manifestación para este miércoles por la tarde frente a las puertas del Ibavi, a la que acudirán todos los afectados.

«Pago el piso mensualmente»

Carmen Molina teme que una vez la desahucien no tenga adónde ir. Enferma crónica, esta inquilina asegura que cobra una pensión de 400 euros que «no me llega ni para pagar un alquiler». En unos días le desahucian de un piso del Ibavi que le cedió un amigo suyo y que, asegura, «pago mensualmente».