Varias viviendas del Ibavi en Son Gibert están entre las okupadas. | A. Sepúlveda

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Primeras condenas contra okupas del Ibavi. Un juzgado de Instrucción de Palma ha dictado las primeras seis condenas por delito de usurpación contra los habitantes sin ningún tipo de título de pisos públicos. Son las primeras resoluciones de la batería de 95 denuncias que el instituto público de vivienda ha planteado en las últimas semanas para liberar otros tantos inmuebles, algunos de los cuales llevan años ocupados por las mismas personas. Las condenas implican el pago de una multa de pequeña cuantía, en torno a trescientos euros, y obligan al desalojo de las viviendas.

El Ibavi ha puesto en marcha una ofensiva judicial para recuperar viviendas okupadas en todas las Islas. De ellas, medio centenar aproximadamente están en Palma, con dos puntos clave: las barriadas de Son Gibert y de Camp Redó. En la decena de juicios que se han celebrado hasta ahora, el grueso de los acusados ha reconocido carecer de ningún documento de alquiler o compra que les habilitara para morar en las viviendas del Ibavi en las que se encuentran. Sin embargo, en algunos de los casos, las defensas plantearon una posible falta de legitimidad de la administración para expulsarle porque esos pisos son gestionados por una organización no gubernamental desde hace años tras un convenio de colaboración con el Ibavi. Por el momento, esos argumentos no están resultando válidos y las causas han terminado en condena por delito leve.

Casos especiales

El hecho de que las primeras causas desemboquen en condena, no implica que este vaya a ser el resultado de todos los procedimientos. En algunos de los asuntos se han planteado situaciones más complejas como viviendas que habían sido desatendidas durante años por la administración o en casos de familias que se encuentran en situaciones especialmente precarias.

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Además del Ibavi, otras administraciones como el Ajuntament de Palma también han acudido a denuncias penales para intentar desalojar okupas de pisos de propiedad pública, en ese caso en Camp Redó que de forma sistemática eran pasto de usurpaciones. Además, el Govern ha tomado algunas medidas para intentar dificultar el acceso de okupas a las viviendas, como la instalación de puertas blindadas y de alarmas, además de agilizar el protocolo para que cuando una familia se marcha de uno de estos domicilios sean habitados lo antes posible por otros moradores legítimos.

Los procedimientos judiciales afectan a casi un cinco por ciento de las viviendas del Ibavi, que son unas 1.800 en total en todas las Islas.

Posibles recursos ante la Audiencia Provincial

Las condenas penales por un delito leve de usurpación son el primer paso para el desalojo de las viviendas, si bien, los okupas todavía pueden recurrir esta decisión ante la Audiencia Provincial. Este tribunal tiene marcado el criterio de que el delito no se comete cuando ha habido una falta de cuidado por parte del propietario, de manera que no haya tenido el dominio de su propiedad durante años, algo que ha llevado a alguna absolución de usurpadores de pisos de los que los bancos no habían tomado posesión.