Campos acusa a Armengol de rescatar bancos

En el turno de preguntas de control al Govern en el pleno del Parlament, Campos ha reprochado a la presidenta que Baleares esté a la cola de Europa en inversión en vivienda pública y la ha acusado de negarse a descalificar la antiguas VPO cuando han cumplido el plazo legal «para que no bajen más las ridículas estadísticas en vivienda social».

Campos ha dicho que el Govern del Pacte es «campeón en recaudar impuestos», de manera que entre 2015 y 2020 los ingresos de la comunidad han subido un 54,6 %, en 4.103 millones, pero también han aumentado el gasto en personal y gastos generales hasta 5.492 millones.

«Mientras arruinan a la gente, mantienen una superestructura autonómica y no destinan el dinero donde hace falta», ha criticado Campos que ha reclamado un mayor parque público de viviendas en alquiler, estímulos a la construcción privada de vivienda social con incentivos fiscales, rebajando impuestos y subvencionando a los inquilinos.

Ha criticado la expropiación de viviendas a grandes tenedores con la que considera que «en realidad rescata a bancos y fondos con el dinero de todos los contribuyentes», porque «a los superbancos que tienen viviendas que no les produce ningún beneficio, les paga 2 millones, les retira el usufructo 7 años y después se los devuelve».

Campos ha insistido en que con ese «rescate de grandes tenedores», considera que «la ultraizquierda está beneficiando a los bancos y fondos buitres a costa de la vivienda social».

Armengol ha defendido la política de vivienda del Govern y ha reprochado a Campos que tras el Govern del PP en el qué él participaba había 1.800 VPO, ningún proyecto de nuevas promociones y se había puesto en venta suelo publico de la comunidad.

Ha defendido que, en 5 años, «se ha conseguido Ley de Vivienda que evita que VPO se le quité la calificación a los 30 años, para que lo sea siempre y eso ayuda a la posibilidad de perdurar en el uso social de la vivienda».

Ha descrito como «máximo histórico» el presupuesto para construir vivienda pública, con 64 millones y ha subrayado que en la actualidad hay 462 VPO en construcción y otras 419 en proceso de licitación y planificación.

«El cambio es histórico, es la legislatura en la que se ha hecho más vivienda de protección», ha insistido y ha defendido también que todas las VPO vayan a ser de alquiler social, y que se paga como máximo el 30 % de su renta, adecuando el precio a lo que puede pagar la persona con más necesidad; así como las líneas de ayudas al alquiler, con 20 millones de ayudas directas en tiempo de covid.

«A la vez hacemos esta expropiación de uso de grandes tenedores para que vivienda cerradas de bancos y fondos buitre puedan ponerse a disposición de quien lo necesita», ha añadido, sobre la cesión por 7 años de 56 pisos, y el proceso de tanteo y retracto por el que se pueden comprar otros 11.

Según Armengol, esas medidas han supuesto que de las 1.400 viviendas que estaban vacías, «700 ya están en el mercado».