Momento en el que la policía desaloja a una de la manifestantes. | Teresa Ayuga

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«Los sacamos de la forma más limpia posible». Los dos mandos al frente del operativo que intervino en un desahucio en la calle Verge de Lluc de Palma en marzo del año pasado, defendieron ayer su actuación en juicio. Cinco manifestantes que fueron desalojados por la fuerza del interior del edificio durante el lanzamiento acusan de un delito leve de coacciones y otro de lesiones al mando al frente de ese operativo policial. Los participantes en la protesta, militantes de la CUP y de Arrán, sostienen que fueron sacados a la fuerza de manera innecesaria y que la policía nunca les pidió que se marcharan por su propio pie. Los agentes, por su parte, sostienen que su actuación se limitó a sacarlos cuando se habían sentado en la puerta del domicilio y rehusaban marcharse.

Aquel día se ejecutaba el desahucio de una pareja de personas mayores ordenado por un juzgado de Palma. Días antes ese mismo lanzamiento fue suspendido por una protesta similar. Según los denunciantes, ellos solo se habían sentado a un lado del descansillo que da a la vivienda cuando fueron desalojados por la fuerza sin más. «No nos dieron opción de salir voluntariamente», declaró una de ellas.

La versión de la policía es otra. Según el agente acusado, él mismo pidió en varias ocasiones a los manifestantes que salieran y les requirió la documentación, que se les devolvió más tarde. Indicó que sólo se intervino cuando desobedecieron la orden y que la actuación se limitó a sacarlos de uno en uno con la mínima fuerza posible.

La Fiscalía pide la absolución del agente y la abogada que respresenta a tres de los manifestantes reclama una condena de multa. Los manifestantes reclaman por daños sufridos que, en todos los casos corresponden a lesiones en el hombro o en la muñeca después de haber sido inmovilizados. Según los policías, varios de ellos tuvieron que ser sacados en volandas del interior del edificio.