El auto denuncia además la falta de colaboración de determinados organismos: «Se han tenido que utilizar instrumentos coercitivos previstos en la norma procesal para obtener determinada información de entidades con obligación de colaborar con la Justicia» y advierte que «se conocerá en toda su extensión al levantar el secreto de las actuaciones».
Mora enumera la ingente cantidad de documentos que analiza la Guardia Civil y que supone cerca de 100.000 folios, además de 1,34 terabytes de archivos que fueron intervenidos en los registros en la Autoritat del pasado mes de julio. Además, se incautaron diez teléfonos móviles, que han tenido que ser enviados a Madrid para hacer el volcado de su contenido. A esto se suma que, al menos uno de los investigados borró parte del contenido de estas conversaciones, lo que obliga a los agentes de la Guardia Civil a cotejar cada conversación con otro terminal.
Hechos complejos
A la «complejidad y diversidad» de los hechos que se investigan y el «elevado número de personas implicadas en la comisión de los mismos», la magistrada suma otro elemento para justificar la tardanza, la limitación de recursos: «Todo ello hace que el avance en la investigación y la identificación de todos los presuntos responsables se demore en el tiempo». También deja clara la resolución que las detenciones de la cúpula de la Autoritat, entre ellas las de su antiguo presidente, Joan Gual de Torrella, se precipitó, «por razones sobrevenidas al curso ordenado de la investigación».
Esa intervención se avanzó por la sospecha de que algunos de los investigados disponían de información sobre la causa y desembocó en los registros en las sedes de la APB de Palma, Eivissa y Maó, además de varias empresas. Una persona fue detenida por esa supuesta revelación de secretos.
Las prórrogas del secreto de las actuaciones han sido refrendadas en cinco ocasiones por la Audiencia Provincial ante otros tantos recursos presentados por las defensas. Precisamente, a raíz de un error en la fecha de la prórroga que contiene el último auto, una de ellas ha pedido acceder a la causa. En la parte dispositiva del auto se indica que la prórroga mensual expira el 8 de marzo y no el 8 de abril.
7 comentarios
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Espero se revisen los movimientos de la APB referidos al CM Molinar. A ver si aún salvamos que vaya al mejor postor y primen otros criterios.
Y luego dicen que la capacidad lectora se pierde...
Joan Gual de Torrella Guasp Pocos empresarios con su bagaje de fracasos acumulados a sus espaldas logran el beneplácito y el apoyo de los dirigentes institucionales, como es este caso En 2015 llega a la apetitosa presidencia de la Autoritat Portuària de Balears, un ente público que depende del Ministerio de Fomento pero sobre el que el poder autonómico tiene un papel fundamental. De hecho, es Armengol la que propone su nombre de manera unilateral; Enn ese momento era vocal de la junta directiva del Cercle d’Economia de Mallorca así como vocal del Consell Econòmic i Social de la Universitat de les Illes Balears ..Fue detenido a finales de julio y apartado el 7 de agosto pero como su cese solo era efectivo en el momento que se publicase en el BOE resulta que hasta al menos el 1 de septiembre aun no se habia publicado y el seguia firmando contratos como presidente de la Autoridad Portuaria,
Los políticos son la lacra social más grave que tenemos que soportar. Son una mafia enquistada en el sistema y como todo parásito, al final consume y desangra a la sociedad que dice defender
Propuesta por ARMENGOL......es decir PSIB.
el corporativismo entre organismos esta a la orden del día ,aquí se protegen unos a otros por si acaso ...la corrupción en la APB la conoce todo el mundo ,todos son cómplices por mirar para otro lado, ya que estamos en este punto también pueden investigar a IB-Ports, seguro que nos llevamos otra sorpresa ...