Jaume Far, director de la Oficina Anticorrupción de Balears. | M. À. Cañellas

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El presidente y portavoz parlamentario del PP balear, Biel Company, ha anunciado este miércoles que su grupo presentará por su cuenta ante la Oficina Anticorrupción la petición para investigar la vacunación de altos cargos socialistas en Baleares, después de que la Comisión de Asuntos Institucionales haya rechazado su propuesta para que fuese el Parlament quien trasladase oficialmente esta solicitud.

En una rueda de prensa, Company ha acusado a los partidos que forman el Govern de intentar «tapar hechos muy graves» con su voto en contra a la petición del PP en la Comisión. La iniciativa pedía instar al director de la Oficina, Jaume Far, a iniciar una investigación para esclarecer si se han incumplido los protocolos de vacunación al ser inmunizados diversos cargos políticos.

Esta mañana, la Comisión correspondiente ha debatido y votado el texto, que ha salido rechazado con los siete votos en contra de los partidos que apoyan al Govern y los seis votos a favor de la oposición.

Company ha defendido que la vacunación se produjo «fuera de los protocolos» y que los cargos vacunados «como eran del PSIB tuvieron privilegios que no les correspondían».
La diputada Maria Antònia García, encargada de defender la propuesta en la Comisión, ha asegurado durante el debate que «saltarse el protocolo ha constituido una burla y menosprecio a la ciudadanía» y ha argumentado que «hace falta conocer la verdadera extensión de semejante escándalo».

«Si se acreditara que tales hechos ocurrieron y afectaron a responsables relevantes de la administración sanitaria, constituiría un caso palmario de corrupción del cual pedimos responsabilidades», ha declarado.

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Los grupos del 'Pacte' han justificado su voto en contra señalando que este asunto ya se prevé tratar en la Comisión de Ética Pública del Govern.

Defensa de la Constitución y del Rey

Por otra parte, la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament también ha debatido este miércoles una propuesta, en este caso de Cs, con la que se pretendía instar al Govern y al Estado a defender la Constitución de 1978 y las instituciones del país y la figura del rey Felipe VI.

La iniciativa también reclamaba «proteger a los ciudadanos españoles de cualquier intento desestabilizador» por parte de quienes tienen el deber de salvaguardar «la Constitución como norma fundamental del Estado», y recordar que cualquier «revisión o cambio legislativo» que afecte al modelo de Estado «sólo puede llevarse a cabo a través del ordenamiento jurídico» recogido en la Carta Magna.

La propuesta ha sido rechazada con el voto en contra de Més, Unidas Podemos, PSIB y el Grupo Mixto, y el voto a favor de Cs, Vox y PP, además de la abstención del PI.

Paralelamente, la Comisión también ha rechazado una propuesta del PI que pedía modificar la regulación de las videocámaras de vigilancia en espacios públicos para facilitar su uso por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad.