Concentración contra la violencia machista en Menorca. | MANOLO BARRO

Desde la entrada en vigor de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género hace quince años, en Baleares se han producido 8.480 condenas.

Un informe del Consejo General del Poder Judicial repasa el enorme impacto numérico de esa legislación enfocada sobre todo a proteger a mujeres víctimas de sus parejas y exparejas. Desde que se contabilizan los casos, en las Islas se han interpuesto 65.402 denuncias. Los juzgados siempre han recibido en torno a cinco mil al año y la cifra se ha incrementado de forma progresiva hasta el máximo de 2019 (con 6.493). Aunque aún no se ha cerrado la estadística del año pasado, es previsible que no se supere esa cifra por el parón de denuncias durante los periodos de confinamiento.

La inmensa mayoría de las condenas que se producen en Baleares por violencia contra la mujer son producto de conformidades, es decir, acuerdos en los que el acusado asume una condena tras un pacto entre sus defensa y las acusaciones. Se produjeron en un 70,5 por ciento de los procedimientos que llegaron a juicio. En total, las absoluciones son apenas de un 25,7 por ciento de los casos. De hecho, sólo en Extremadura el porcentaje de condenas es superior al de las Islas. En la media nacional, el número de condenas y de absoluciones está prácticamente equilibrado: las condenas son un 53%, casi veinte puntos por debajo de Balears.

Otra anomalía que apuntan los datos del Poder Judicial es que Baleares es la única autonomía en la que hay menos denuncias de mujeres españolas que de otras nacionalidades. Desde que se recoge esa estadística, en 2011, en las Islas, de forma progresiva ha descendido la proporción de denuncias presentadas por españolas, que hace una década superaban el 60 por ciento y que, en 2020 fueron de un 48,6.

Víctimas extranjeras

En ningún otro lugar, tampoco en otras comunidades con un importante peso de población flotante, se da una situación mínimamente similar: la media nacional marca que el 65 % de las víctimas son de nacionalidad española y hay comunidades, como Canarias, donde es del 77,8 por ciento.

En quince años se han adoptado 11.055 órdenes de protección solicitadas por las víctimas o por la Fiscalía, un 73,8 por ciento de las que se han solicitado en las Islas, un poco por encima de la media que es del 67,3 por ciento.

De forma reiterada en cada informe trimestral que elabora el Consell General del Poder Judicial, Balears es la comunidad autónoma con una tasa más alta de denuncias por número de mujeres y de víctimas también por porcentaje de mujeres.