Representantes de la Coordinadora de Interinos y temporales de Baleares se concentraron hace unos días frente a la Delegación del Gobierno contra el fraude en la contratación y el abuso de la temporalidad del sector público. | Pere Bota

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La Coordinadora de Interinos y Temporales de Baleares, integrada por cinco sindicatos y asociaciones, ha convocado una caravana de coches este domingo en Palma para denunciar «la temporalidad abusiva y la falta de inspección y sanción» en el archipiélago.

Esta iniciativa, que forma parte de la acción nacional 'Plataforma Estatal de Temporales Públicos en Fraude de Ley', a la que ya se han sumado 24 ciudades de España, partirá a las 10.45 desde el camino de la Escollera y recorrerá las Avenidas hasta alrededor de las 12.00 horas.

El objetivo de este movimiento es «visibilizar la existencia de miles de trabajadores públicos afectados en todo el Estado, a los que la administración no da una solución ajustada al derecho europeo», según ha manifestado este viernes la plataforma en un comunicado.

También ha criticado la «dejadez» de los sindicatos CCOO, UGT y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) para «resolver este abuso», hecho por el cual se han creado plataformas para «lograr la salida a este grave problema».

«Se trata de una situación laboral discriminatoria, creada y sostenida por la administración pública desde hace décadas», ha asegurado. «Los trabajadores públicos están totalmente desprotegidos», ha lamentado la plataforma.

Además, ha criticado la «ilegalidad» de los procesos selectivos y el incumplimiento de la normativa a los trabajos de duración determinadas, por lo que solicita la adopción de políticos contra el fraude en la contratación de estos empleados.

También pide que se suspenda toda la oferta pública de empleo hasta que se adopten las medidas necesarias para garantizar la detección del fraude en la contratación de empleados temporales e interinos, así como sancionar el abuso de la temporalidad.

Finalmente, exige que se promueva un pacto de Estado contra la precariedad del sector público y que se inicie una vía de diálogo con el Gobierno para permitir la participación del colectivo en la adopción de políticas públicas y en la elaboración de la normativa.