La exalcaldesa de Palma y actual delegada de Gobierno, Aina Calvo, con José Hila en su época en Cort. | Pere Bota

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El Tribunal de Cuentas ha impuesto un aval solidario de 77.000 euros a la exalcaldesa de Palma y actual delegada del Gobierno, Aina Calvo, y al resto de personas que formaban parte de la Junta de Gobierno en el año 2010 y 2011, lo que incluye al actual alcalde de la ciudad, José Hila.

El Tribunal de Cuentas trata de determinar si cinco subvenciones que se concedieron en la época de Aina Calvo se ajustan a la legalidad. El Tribunal entiende que al menos una de estas subvenciones no quedó después debidamente justificada y por eso ha decidido que quienes aprobaron la justificación adelanten esa cantidad, que es el equivalente al perjuicio causado en su día a las arcas municipales.

La Junta de Gobierno de Aina Calvo comparecía este lunes virtualmente ante el Tribunal de Cuentas para defender sus alegaciones. Una de ellas ha sido aceptada, de forma que la petición inicial de aval ha bajado de 127.000 a 77.000 euros.

Las cinco subvenciones se concedieron con todos los avales técnicos y jurídicos y la justificación final de las ayudas también fue revisada por los servicios técnicos por lo que el equipo de gobierno de Aina Calvo entiende que tanto la concesión como la justificación posteriores fueron correctas.

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Hoy es el turno del equipo de Mateo Isern, que terminó firmando la justificación de tres de estas subvenciones concedidas durante el mandato de Calvo. No fue Isern quien concedió la subvención, pero sí dio el visto bueno a las justificaciones presentadas.

Las entidades a las que se dieron las ayudas fueron la OCB, Manos Unidas, Esplai Jovent y Teatre del Mar y la suma total de las ayudas concedidas fue de unos 200.000 euros.

El informe de la Sindicatura y la reacción del Govern

La investigación del Tribunal de Cuentas comenzó a raíz de un informe de la Sindicatura de Comptes, que alertaba de dudas en cinco subvenciones otorgadas en su día. La misma Sindicatura ha alertado en su último informe de que el Govern subió el sueldo a los funcionarios en 2018 de manera ilegal. La portavoz del Govern justificó ayer esta subida en que se trata de aumentos derivados de la aplicación de la carrera profesional. Precisó que figuraban en la Ley de Presupuestos.