La estrategia del Govern para ampliar el parque propio de viviendas es doble: por un lado, en estos momentos se están construyendo 502 viviendas públicas y se prevén otras tantas a partir del año que viene. Por otro lado, el Govern ejercerá el derecho de tanteo y retracto en la compraventa de los pisos que son propiedad de los bancos. | Archivo UH

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La Conselleria d’Habitatge reserva 5,4 millones de euros en los Presupuestos del año que viene para la adquisición de pisos vacíos propiedad de los bancos y de grandes tenedores. El Govern tiene previsto empezar a ejercer el derecho de compra preferente sobre estas viviendas, el llamado derecho de tanteo y retracto, cuando se produzcan operaciones de compraventa inmobiliaria entre bancos y grandes tenedores.

La Conselleria d’Habitatge puede ejercer esta opción gracias a la aprobación del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que tuvo el visto bueno justo antes de que se decretara el estado de alarma en marzo pasado. Con este medida, el Govern consigue ampliar el parque de vivienda pública y evita además que estos pisos acaben en manos de fondos buitre, que compran inmuebles en momentos de caída del mercado para después especular con ellos.

Una parte del dinero de esta partida se destinará también al pago del alquiler de los pisos propiedad de los grandes tenedores que están inscritos en el registro de viviendas vacías.

El Govern ya ejerce el derecho de tanteo y retracto cuando se pone la venta una vivienda de VPO. Por esta vía, el Ejecutivo ya ha recuperado la titularidad de 20 viviendas que, de otra manera, habrían pasado directamente a manos privadas.

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No perder viviendas

El objetivo de la Conselleria d’Habitatge es ampliar el parque público de vivienda y evitar que vuelva a suceder un fenómeno que se dio en la pasada legislatura, cuando perdió el control de 5.484 viviendas de VPO que pasaron a manos privadas una vez transcurrido el plazo de 15, 20 o 30 años en los que no se puede vender el piso de forma libre.

La nueva Ley de Vivienda ya pone medidas para atajar este problema y las VPO de nueva construcción serán siempre de titularidad pública y no se podrán vender en el mercado libre: quien quiera venderlas deberá hacerlo a precio tasado y ofrecerla primero al Govern.

Se trata de una medida más para ampliar el parque de vivienda del Govern sin recurrir de forma exclusiva a la construcción de pisos de nueva planta, aunque el Govern también seguirá incidiendo en este asunto en el próximo ejercicio económico.

Al finalizar este año ya estarán en marcha o acabadas 502 viviendas y la previsión del Govern es que, a finales del año que viene, esta cifra pueda doblarse, según explicó el conseller Marc Pons en la comparecencia de presentación de los Presupuestos. El conseller siempre ha señalado que la intención del Govern es que a finales de legislatura se haya doblado el parque público de vivienda, que ahora es de 1.700 pisos.