Los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de los Empleados Públicos (UGT, CCOO, Simebal, Stei, Csif y Fses) han anunciado las movilizaciones este viernes en rueda de prensa. | Jaume Morey

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Los sindicatos han convocado una concentración de delegados ante la sede del Govern en el Consolat de Mar el próximo lunes, el martes frente al Parlament, el día 23 delante de Son Espases y el 30 ante la Conselleria de Educación, en protesta porque Baleares es la única comunidad que deniega la subida salarial a los funcionarios autonómicos en 2020 y 2021 que el Simebal ha tildado de «doble recortazo».

Las protestas las han convocado los sindicatos UGT, CCOO, STEI, CSIF, Simebal y FSES, en protesta por los recortes en los salarios del personal público de la Comunidad Autónoma que implica que el Govern no aplique las subidas acordadas en toda España del 2 % en 2020 y del 0,9 % en 2021, y se ha sumado en un comunicado el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE).

El secretario general del STEI, Miquel Gelabert, ha leído un comunicado unitario de todos ellos, en rechazo por que el Govern no quiera negociar cómo se aplican las actualizaciones retributivas que están fijadas para todo el país en los Presupuestos Generales del Estado.
Denuncian que el 2 % de subida se ha aplicado en toda España y en todas las administraciones baleares salvo la comunidad autónoma, de manera que están afectados el personal del Ib-Salut, de Educación, Servicios Generales y todo el sector público instrumental de la administración autonómica así como la enseñanza concertada.

En cuanto al 0,9 % de 2021, «corre la misma suerte», según informó el Govern en la Mesa de Empleados Públicos del 30 de octubre como «hechos consumados, desvirtuando, una vez más, el carácter negociador del máximo órgano de negociación del personal empleado público de la Administración autonómica», denuncian.

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Los sindicatos han expresado conjuntamente su preocupación por cómo está actuando el Govern, «con posicionamientos autoritarios, unilaterales, anulando de manera sistemática la capacidad negociadora de los órganos de representación legalmente establecidos y, en consecuencia, atentando frontalmente contra la defensa de los derechos del personal empleado público».

Los sindicatos se han ofrecido a «hablar de ello y, si hay voluntad de entendimiento, llegar a acuerdos de calendarización, aplazamiento u otras fórmulas de reconocimiento, para evitar así el agravio comparativo» y que esas subidas no sean un lastre para los presupuestos.

Rechazan que las cuentas públicas autonómicas «se hagan cuadrar» utilizando este incremento retributivo, con el resultado de que «los empleados públicos al servicio de la administración autonómica hayan sufrido un recorte global de un 2,9 %».

Por parte de CCOO, Pep Ginard, ha recalcado que la mesa donde el Govern se limita a informar de lo que va a aprobar el Consell de Govern al día siguiente representa a 38.000 trabajadores de la comunidad, a los que se suman los de entes autonómicos y los docentes de la concertada.

Ginard ha asegurado que durante la pandemia los funcionarios «han dado todo lo que tienen para garantizar los servicios públicos» y ha pedido al Govern «sentido común y que cumpla los acuerdos».

El portavoz de la sección sanitaria del CSIF, Guillem Vila, ha advertido: «Estaremos enfrentados hasta que nos sentemos a negociar cómo podemos cobrar este recorte tan importante».

El secretario general de la federación de empleados públicos de la UGT en Baleares, Miguel Ángel Romero, ha subrayado que «lo que hace el Govern no es congelar los salarios, es recortarlos». Ha negado que los funcionarios sean insolidarios y ha detallado que «al final de este año cada empleado autonómico habrá perdido de su salario 1.000 euros», que hasta la nómina pasada sumarían 32,5 millones.

Además ha augurado que el mensaje lanzado por el Govern a la sociedad es que los recortes se apoyan en los salarios, algo que se puede extender «como una mancha de aceite». Ha pedido al Govern que aplique en la reclamación de financiación al Gobierno central la misma dureza que «con sus trabajadores».

Jorge Tera, de la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES), ha dicho que la decisión del Govern es «un fraude de ley» y ha hecho hincapié en «la frustración y la decepción» de los alrededor de 18.000 sanitarios, que llevan desde febrero «decenas de miles de horas extraordinarias».

El presidente de Simebal, Miguel Lázaro, ha criticado «el doble recortazo hecho con premeditación, nocturnidad y alevosía y sin negociación previa» por el Govern.
Ha recordado que en la pandemia han muerto 69 médicos en toda España, cifra que considera «el barómetro del compromiso de los profesionales». «El compromiso es extraordinario y en vez de gratificarlos y reconocer a los profesionales, lo que se hace es penalizarlos. Es injusto y vergonzoso», ha añadido.

Lázaro ha advertido de que no es incompatible pagar lo acordado a los funcionarios con contratar a nuevos profesionales. «Si no hay negociación, habrá confrontación, queremos negociar y todos estamos de acuerdo», ha advertido.

El secretario de Acción Sindical de SAE en Baleares, Alejandro Juan Alonso, ha recalcado que los sanitarios están demostrando «una entrega y un compromiso» con su trabajo y sus pacientes «ejemplar». «Esperamos que Función Pública recapacite retribuyéndonos como corresponde», ha informado SAE en un comunicado.

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