El contundente informe de la Guardia Civil –del que también se hizo eco en su edición de ayer la Gaceta Náutica– aborda diferentes aspectos respecto a los vertidos ininterrumpidos de aguas fecales, micropásticos y detergentes al mar. Así, analiza el impacto sobre el fondo marino y las praderas de posidonia –protegidas por la legislación autonómica–, el conocimiento que del problema tienen las instituciones y, por último, los expedientes sancionadores incoados. La conclusión final es demoledora: la pasividad institucional ha sido total.
Posidonia arrasada
La investigación del Seprona ha necesitado de numerosas inmersiones de los submarinistas de la Guardia Civil para comprobar la desvastación que los vertidos irregulares –sin ningún tratamiento– de las depuradoras de Emaya –empresa pública perteneciente a Cort– a las aguas de la bahía palmesana. Así se detalla que entre 1989 y 2012 «se estima una reducción de 205 hectáreas» en las praderas de posidonia del tramo oeste de la bahía; a partir del emisario del Torrent Gros.
La agresión ha continuado en los años siguientes ya que, según el informe, «en las recientes inmersiones (2019) del GEAS de la Guardia Civil, se señala una importante degradación del fondo marino, sobre todo alrededor de las infraestrcuturas del vertido. De hecho, hasta los 15 metros de profundidad tan solo se identifican acumulación de matas muertas y restos de plantas, mientras que a profundidades superiores (-18 metros) sí aparece superficie ocupada por posidonia con recubrimientos entre un 30 % y un 70 %».
El informe de la Guardia Civil detalla que «los registros de Emaya revelan que desde el año 2003 hasta 2014 se realizaron más de un millar de vertidos de aguas sin depurar, y entre 2014 y 2018 se sumarían otros 220 episodios, generando un riesgo de daño grave sobre la calidad de las aguas, la salud humana de potenciales bañistas y los sistemas que alberga la bahía».
Silencio en Medi Ambient
Uno de los aspectos que aborda el Seprona y que figura en el informe judicial hace referencia al papel de las instituciones, circunstancia sobre la que se pronuncia con severidad ya que «en relación a los posibles expedientes sancionadores que se hubieran podido incoar por el vertido de aguas residuales en la parte oeste de la bahía de Palma, cuyo origen se encuentra en el emisario del Torrent Gros o en los aliviaderos de emergencia, los agentes instructores no tienen constancia de que se haya incoado alguno».
El Seprona precisa que desde la Direcció General d’Ordenació del Territori i Paisatge, dependiente de la Conselleria de Medi Ambient, «no se ha incoado contra Emaya ningún expediente sancionador por vertidos al mar en la bahía de Palma», añadiendo que desde este departamento autonómico se precisa que «se ha impulsado la cooperación con Emaya para instar a la solución de incidencias y déficits en la documentación para legalizar el vertido al mar por el emisario del Torrent Gros a través de requerimientos y reuniones técnicas».
A modo de justificación, las Conselleria de Medi Ambient argumenta que «se ha perseguido el objetivo de la mejora en el saneamiento y el buen estado del medio marino en vez de aumentar la conflictividad entre administraciones e iniciar un procedimiento sancionador».
Para los agentes de la Guardia Civil, la referida dirección general «es perfectamente conocedora de que los vertidos de aguas residuales urbanas insuficientemente depuradas causan grave daño a la posidonia».
Discriminación sancionadora
Un aspecto sobre el que el informe del Seprona hace una especial alusión es la discriminación que, desde la Conselleria de Medi Ambient, se realiza sobre las agresiones al medio ambiente marino mediante los vertidos de aguas fecales o residuales.
Así, mientras los vertidos de Emaya se mantienen impunes –su volumen multiplica el que pueda realizarse desde cualquier otro punto de la Isla– la Conselleria de Medi Ambient sí ha actuado contra aquellos lugares que se encontraban en espacios naturales protegidos o pertenecientes a la Red Natura 2000.
Así, entre 2007 y 2019, se han incoado 43 expedientes sancionadores por estos vertidos, mientras que durante este 2020 «constan un total de 4 expedientes, de los que uno es por vertidos en Can Picafort y el resto en la zona terrestre».
Otro punto que detalla el Seprona alude al reconocimiento por parte del ABAQUA que en 2019 admitió la existencia de 8 depuradoras en Balears que no cumplencon los requisitos de vertido de los efluentes y de las que dos están en Mallorca, 4 en Eivissa y 2 en Menorca. Estas instalaciones están gestionadas por este organismo dependiente del Govern mientras que las de Emaya la realiza directamente la empresa pública dependiente del Ajuntament de Palma.
La situación de los vertidos en la bahía ocasiona periódicos cierres de las playas por la insalubridad, además de protagonizar diversas protestas ciudadanas, en especial de la barriada de es Molinar, la más afectada por la contaminación en toda la línea costera.
52 comentarios
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El tema de los emisarios y vertidos "incontrolados" es lo que más huele a podrido a nivel ecologista por parte de las administraciones, se debería iniciar de inmediato una investigación rigurosa, y actuar para solucionarlo. Pero la hipocresía institucional de sus "ecologistas" no esta dispuesta ni a colaborar ni trabajar por ello, prefieren criminalizar al sector náutico de la destrucción de la posidonia. Repugnante!!!
Y quien estaba al frente de Emaya? La Truyols...no sea cosa que desestabilice el Govern. Es una de ellos. Poca vergonyes
Esta actitud del Govern de Armengol , tiene un nombre "prevaricación" y la fiscalía debería actuar de oficio.
Que lastima! Un angulo tan bonito de Palma como es frente a la Catedral y con el mar a lado que apeste tremendamente a cloaca casi siempre y sobretodo en verano!
Con el pedazo estudio que han hecho para evitar las mejoras en el aeropuerto, no tienen nada que decir? Y los que se quejaban de la autopista a Campos porque decían que contaminaban? Habéis visto al barbas últimamente?
En éste Gobierno Balear, no hay luz
El canon de saneamiento lo cobra el Govern en CADA factura de agua potable de CADA casa de Baleares...ese dinero que es mucha pasta (se estima en 70millones de €/año) se debería gastar en mejorar las depuradoras...cosa que no se ha hecho, el dinero se ha dedicado a otros menesteres...Por eso el Govern NO se atreve a sancionar a Emaya ni a nadie, es tan responsable o más que los propios ayuntamientos. A ver si de una vez por todas, entre Estado, Govern, Consell y Ayto se ponen de acuerdo y arreglan el tema de las depuradoras en estas islas porque el Mediterráneo NO es una cloaca, aunque lo han usado como tal los últimos 100 años...
De vergüenza ,luego se quejan de los guiris que ensucian y el govern es el primeros en llenar de mierda nuestras playas ,Pero no se preocupen que por Palma hay que ir a 30 para no contaminar ,no tengo pa palabras para definir este govern de m,,,,,,,,
Después de lo de las menores tuteladas, qué más podemos esperar?.
Betuadeu a mi pel ferretó bé que me la varen clavar!!!...dic ferretó no ancla de un mega yate...però això es lo que tenim..