Protesta vecinal realizada en 2018 contra los continuos vertidos fecales en la bahía de Palma. | Jaume Morey

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El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha entregado al Juzgado de Instrucción número 7 de Palma un elaborado informe sobre el impacto medioambiental de los vertidos irregulares de las depuradoras de Emaya en la bahía de Palma, así como la pasividad de la Conselleria de Medi Ambient para sancionarlos. La investigación es consecuencia de la denuncia que formuló sobre esta situación la Asociación de Navegantes del Mediterráneo.

El contundente informe de la Guardia Civil –del que también se hizo eco en su edición de ayer la Gaceta Náutica– aborda diferentes aspectos respecto a los vertidos ininterrumpidos de aguas fecales, micropásticos y detergentes al mar. Así, analiza el impacto sobre el fondo marino y las praderas de posidonia –protegidas por la legislación autonómica–, el conocimiento que del problema tienen las instituciones y, por último, los expedientes sancionadores incoados. La conclusión final es demoledora: la pasividad institucional ha sido total.

Posidonia arrasada

La investigación del Seprona ha necesitado de numerosas inmersiones de los submarinistas de la Guardia Civil para comprobar la desvastación que los vertidos irregulares –sin ningún tratamiento– de las depuradoras de Emaya –empresa pública perteneciente a Cort– a las aguas de la bahía palmesana. Así se detalla que entre 1989 y 2012 «se estima una reducción de 205 hectáreas» en las praderas de posidonia del tramo oeste de la bahía; a partir del emisario del Torrent Gros.

La agresión ha continuado en los años siguientes ya que, según el informe, «en las recientes inmersiones (2019) del GEAS de la Guardia Civil, se señala una importante degradación del fondo marino, sobre todo alrededor de las infraestrcuturas del vertido. De hecho, hasta los 15 metros de profundidad tan solo se identifican acumulación de matas muertas y restos de plantas, mientras que a profundidades superiores (-18 metros) sí aparece superficie ocupada por posidonia con recubrimientos entre un 30 % y un 70 %».

El informe de la Guardia Civil detalla que «los registros de Emaya revelan que desde el año 2003 hasta 2014 se realizaron más de un millar de vertidos de aguas sin depurar, y entre 2014 y 2018 se sumarían otros 220 episodios, generando un riesgo de daño grave sobre la calidad de las aguas, la salud humana de potenciales bañistas y los sistemas que alberga la bahía».

Silencio en Medi Ambient

Uno de los aspectos que aborda el Seprona y que figura en el informe judicial hace referencia al papel de las instituciones, circunstancia sobre la que se pronuncia con severidad ya que «en relación a los posibles expedientes sancionadores que se hubieran podido incoar por el vertido de aguas residuales en la parte oeste de la bahía de Palma, cuyo origen se encuentra en el emisario del Torrent Gros o en los aliviaderos de emergencia, los agentes instructores no tienen constancia de que se haya incoado alguno».

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El Seprona precisa que desde la Direcció General d’Ordenació del Territori i Paisatge, dependiente de la Conselleria de Medi Ambient, «no se ha incoado contra Emaya ningún expediente sancionador por vertidos al mar en la bahía de Palma», añadiendo que desde este departamento autonómico se precisa que «se ha impulsado la cooperación con Emaya para instar a la solución de incidencias y déficits en la documentación para legalizar el vertido al mar por el emisario del Torrent Gros a través de requerimientos y reuniones técnicas».

A modo de justificación, las Conselleria de Medi Ambient argumenta que «se ha perseguido el objetivo de la mejora en el saneamiento y el buen estado del medio marino en vez de aumentar la conflictividad entre administraciones e iniciar un procedimiento sancionador».

Para los agentes de la Guardia Civil, la referida dirección general «es perfectamente conocedora de que los vertidos de aguas residuales urbanas insuficientemente depuradas causan grave daño a la posidonia».

Discriminación sancionadora

Un aspecto sobre el que el informe del Seprona hace una especial alusión es la discriminación que, desde la Conselleria de Medi Ambient, se realiza sobre las agresiones al medio ambiente marino mediante los vertidos de aguas fecales o residuales.

Así, mientras los vertidos de Emaya se mantienen impunes –su volumen multiplica el que pueda realizarse desde cualquier otro punto de la Isla– la Conselleria de Medi Ambient sí ha actuado contra aquellos lugares que se encontraban en espacios naturales protegidos o pertenecientes a la Red Natura 2000.

Así, entre 2007 y 2019, se han incoado 43 expedientes sancionadores por estos vertidos, mientras que durante este 2020 «constan un total de 4 expedientes, de los que uno es por vertidos en Can Picafort y el resto en la zona terrestre».

Otro punto que detalla el Seprona alude al reconocimiento por parte del ABAQUA que en 2019 admitió la existencia de 8 depuradoras en Balears que no cumplencon los requisitos de vertido de los efluentes y de las que dos están en Mallorca, 4 en Eivissa y 2 en Menorca. Estas instalaciones están gestionadas por este organismo dependiente del Govern mientras que las de Emaya la realiza directamente la empresa pública dependiente del Ajuntament de Palma.

La situación de los vertidos en la bahía ocasiona periódicos cierres de las playas por la insalubridad, además de protagonizar diversas protestas ciudadanas, en especial de la barriada de es Molinar, la más afectada por la contaminación en toda la línea costera.