Desalojo judicial de un grupo de okupas de un edificio del centro de Palma. | Pere Bota

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«Se hace necesario dotar al poder judicial de efectivos mecanismos que permitan proteger con eficacia y agilidad el derecho de la propiedad». La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Baleares reclama una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar la expulsión de okupas, con desalojos en 48 horas como máximo.

El organismo se suma a una iniciativa del Colegio de Barcelona que pide implantar una medida cautelar de desalojo en dos días después de su interposición por parte del propietario. Si en ese plazo la persona que está en una vivienda no puede acreditar con un título jurídico la legitimidad de su presencia allí se podrá ordenar su desalojo. La propuesta de modificación reclama además la identificación o detención inmediata del delincuente y la posibilidad de adoptar medidas de protección respecto a las víctimas de las okupaciones. Además incluye que se deba comunicar el desalojo a los servicios sociales para que puedan intervenir en casos de vulnerabilidad.

La junta de gobierno recuerda la «conveniencia» de que el Estado incremente las políticas públicas «de carácter social orientadas a solucionar los actuales problemas de vivienda». Sin embargo, constata que son necesarios mecanismos efectivos frente a «las actuaciones abusivas que viene padeciendo el derecho de la propiedad, lo que a su vez, contribuiría a ofrecer mayores garantías para una imprescindible paz social».

Secundan el planteamiento de los abogados catalanes para los que «la dilación en el enjuiciamiento de los delitos de usurpación de inmuebles ha contribuido a la proliferación de conductas ilícitas».

Fiscalía y policía revisan sus protocolos

La fiscal general del Estado y el ministro del Interior han dictado sendos escritos esta semana para sentar vías de actuación más contundentes en los casos de usurpación de vivienda. Así, la instrucción del ministerio público insta a que sus representantes soliciten el desalojo como medida cautelar ante el juzgado.

Las directrices de Interior buscan que Policía Nacional y Guardia Civil actúen de forma inmediata en los casos flagrantes de ocupación, en la línea de la instrucción dictada el año pasado por el fiscal superior de Baleares.