Sede del Instituto de la Seguridad Social en Palma. | Redacción Local

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Un juzgado de lo Social de Palma ha condenado a la Seguridad Social a pagar una multa por su comportamiento «temerario» al denegar una prestación de gran invalidez a un hombre al que los propios médicos de la entidad pública reconocían esa condición. La sentencia reprocha que se limitara a rechazar «sin más» esa reclamación y abocara al afectado poner una demanda en los saturados juzgados de lo Social, un trámite que se ha demorado cerca de dos años. Así, considera que la Seguridad Social ha actuado con «una temeridad manifiesta» y le impone el pago de 300 euros, además de reconocer la condición de gran dependiente al trabajador que reclamaba.

El afectado sufrió un grave problema de salud que le ha dejado secuelas cerebrales muy severas: no puede valerse por sí mismo y necesita ayuda para tareas cotidianas. El informe del médico de la Seguridad Social ya dejaba constar en su informe que «existe una situación de dependencia para la mayoría de las actividades básicas de la vida diaria». Sin embargo, a pesar de este documento, la entidad pública sólo le reconoció una incapacidad permanente, pero no la situación de gran invalidez, que implica una prestación mayor. Sí se le aceptó una situación de dependencia de grado II por parte del Govern.

La Seguridad Social no sólo rechazó el pago de esa prestación sino que se opuso a ella en el acto del juicio al ver la demanda. Sin embargo, el juez le reprocha que no aportara prueba alguna para justificar su postura. En lo que se apoya el magistrado es en los informes médicos de la propia entidad y del forense. Así, la sentencia reconoce la obligación del pago.

La representación del trabajador, ejercida por el abogado y graduado social José Manuel Raya, pidió en la vista que se apreciara la temeridad de la Seguridad Social, se le condenara en costas y se le impusiera una multa. Se trata de una medida que casi nunca se aplica contra una administración. En este caso, el magistrado sí aprecia una mala práctica por parte de la entidad pública. Las reclamaciones a la Seguridad Social, sobre todo por incapacidades son una de las causas más frecuentes que se presentan en los juzgados de lo Social.