Protesta de funcionarios que quieren marcharse de las Islas. | Redacción Local

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El Ministerio de Justicia enviará casi a la fuerza a alrededor de 400 funcionarios a Balears. El primer efecto de ese desembarco será que otros tantos interinos que ahora trabajan en las Islas, saltarán de los puestos que ocupan y se irán al paro. El Gobierno ya ha avanzado a los sindicatos de la administración judicial que, una vez que se completen los procesos selectivos que ahora mismo están en marcha. Los nuevos funcionarios de los cuerpos de auxilio, tramitación y gestión procesal, tendrán después que elegir plaza y se encontrarán con que, al igual que sucedió el año pasado, en torno al 80 por ciento de estas serán en Baleares.

Sindicatos como CCOO advierten del doble problema que genera esta decisión: por un lado, se obliga a los nuevos funcionarios a asumir una mudanza desde sus lugares de residencia habituales en la Península y a soportar sin un plus de insularidad que lo compense el mayor coste de residir en las Islas. La mayor parte de los funcionarios que llegaron de forma forzosa el año pasado quieren marcharse lo antes posible. En parelelo, la situación supone que interinos que llevan muchos años ejerciendo en los juzgados tengan que abandonar sus puestos. El número de estos trabajadores supone en torno a la mitad de las plantillas de los juzgados de Balears en algunas jurisdicciones. Las nuevas incorporaciones se producirían a final de año.

Sin opciones de regresos para los ‘forzados’

Las plazas que sacará el Ministerio de Justicia a concurso tampoco permitirán el regreso a la Península de funcionarios que llevan uno o dos años en Balears. Este grupo de trabajadores, que llegaorn a las Islas hace algo más de un año, ha protestado en varias ocasiones en los juzgados para reclamar que salgan a concurso las vacantes que hay en la Península.