«El Estado debería poner el ojo en las compañías aéreas y no en los usuarios», ha subrayado Aviba en un comunicado en el que recuerdan que el descuento de residente es compensatorio por los costes de la insularidad que sufren los ciudadanos de Baleares, algo que, además, está «reconocido por ley».
Según recuerda Aviba, los argumentos en los que se basa la Airef para cuestionar el descuento del 75 por ciento sobre las tarifas de avión y barco a la Península son que han subido las tarifas y, por tanto, la bonificación que paga el Estado.
Por ello, han indicado que se está haciendo un «flaco favor» a la sociedad balear publicando el porcentaje de utilización de las bonificaciones por la renta de los beneficiados. «Esperemos que hagan lo mismo con los usuarios de las autopistas del estado y del AVE, de los cuales nuestros ciudadanos de Baleares son contribuyentes», han remarcado.
«El mantenimiento del descuento de residente del 75 por ciento es fundamental para los ciudadanos de Baleares, los desplazamientos se realizan por motivos muy diversos, por temas laborales, familiares, de salud, estudios, ocio, etcétera. El aumento de la bonificación de residente, que se aprobó en junio del 2018, pasando del 50 al 75 por ciento, tuvo un efecto llamada aumentando la demanda de plazas hasta el 2020 en mas de un 17 por ciento. Las consecuencias del aumento de movilidad han provocado una mayor actividad económica, más negocio, más puestos de trabajo y más ingresos para el Estado. No sabemos muy bien si el Estado ha tenido en cuenta estos argumentos», han argumentado.
En este sentido, Aviba indica que el aumento de la bonificación se debe al aumento de la demanda, «y tal como están articuladas las reglas del juego, las compañías aéreas establecen un escalado de tarifas para cada ruta, de menor a mayor importe y, según cómo se comporta la demanda, sube o baja la tarifa, aumentando o disminuyendo la tarifa aplicada en cada momento».
Además, se han mostrado «totalmente en contra» de una tarifa máxima, tal y como propone el Ministerio de Fomento, «ya que sería retroceder en unas compensaciones que ayudan a la recuperación económica que vamos a necesitar en estos próximos ejercicios». Según defienden, no se pueden dar «pasos atrás en los derechos adquiridos y que la sociedad balear ha tenido que reclamar a un Estado que pocas veces comprende las desventajas de la insularidad».
Finalmente, han reivindicado la bonificación del 75 por ciento de residente, así como que el Ministerio de Fomento controle las compañías aéreas y no a los usuarios, como pretende en el informe que han publicado. «Creemos que deberían fiscalizar las tarifas a las compañías aéreas que se han beneficiado del aumento de la demanda de sus plazas gracias a una bonificación que nos hemos ganado», han concluido.
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Les persones que viatgen amb avió i acumulen milions d'euros en subvencions per volar, son una minoria dels residents a les Illes. Hi ha persones que no han volat mai i altres que ho han fet poquíssimes vegades en tota la vida. Sempre son les mateixes persones que volen un pic i un altre i moltes vegades simplement pel gust de viatjar. El que realment hauria de fer l'administració pública, es promocionar, fomentar i subvencionar el transport públic més sostenible. El transport aeri, a pesar de molta de gent que passa molt de gust de viatjar, és el transport més contaminant, el més car i el més insostenible. Però gràcies al sistema actual de finançament i subvencions, a una persona resident de les Illes, un vol a la península l'hi pot costar menys de 10 euros, mentre un bitllet senzill de bus del TIB l’hi pot costar més de 20 euros, això no té cap lògica. Cal la implantació d'algun incentiu que sempre fomenti equitativament i per a tots els residents a les Balears.