Antoni Picazo sostiene un ejemplar de su último libro.

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Antoni Picazo es doctor en Historia, licenciado en Geografía, postgrado en Educación Superior y profesor asociado en la UIB. Acaba de publicar Inquisició i corrupció, obra centrada en la corrupción del Santo Oficio en la Mallorca de finales del siglo XVI.

¿Por qué se ha centrado en esta época?

—Porque a finales del siglo XVI la corrupción en la Inquisición estaba tan extendida que las autoridades de la Isla, los Jurats de la Universitat, se dirigieron al Consejo de la Suprema Inquisición, máximo órgano de gobierno de la institución, para que interviniera.

¿Y qué pasó?

—Llegó a Mallorca un enviado del consejo, Andrés Santos, que inició una amplia y exhaustiva investigación en todas las Islas, desde el inquisidor hasta el último subalterno. Citó a numerosos testigos de Ciutat y de la Part Forana. La conclusión fue contundente: toda la institución era corrupta, básicamente con cargos inquisitoriales que tenían mujeres e hijos, abusos económicos de todo tipo y de todas las dimensiones, exigencias de dinero a los reos para emitir sentencias más suaves, testimonios falsos forzados... Una corrupción sistémica de personas que se consideraban intocables.

¿Quién era el inquisidor del Reino de Mallorca en esa época?

—Miquel Gual, hijo ilegítimo de un canonge de la Seu, y el fiscal era Francesc Milia, quienes crearon unas auténticas redes de poder.

¿Cuáles fueron las consecuencias de la investigación de Andrés Santos?

—Se determinó que los grandes cargos de la Inquisición mallorquina serían ocupados por personas de fuera, aunque siempre con origen en la Corona de Aragón, y se aplicó una mayor vigilancia y control en el trabajo burocrático. Sin embargo, existían los llamados Familiars del Sant Ofici, civiles que ejercían de brazo armado de la Inquisición.

¿Cuál era su función?

—Se encargaban de arrestar a los sospechosos. Debían ser limpios de sangre, es decir, no descender de moros ni judíos, y sólo podían ser juzgados por la propia Inquisición. Con familiares en el Santo Oficio, prácticamente hacían lo que querían y si les caía alguna condena, solía ser leve o se retrasaba indefinidamente.

¿Qué pasó con Miquel Gual?

—Recibió una carta de Felipe II comunicándole su cese, pero sin reproches ni reprobaciones. Todo lo contrario, incluía agradecimientos. Se le impuso una multa, pero no está claro que llegara a pagarla. Volvió a su antigua ocupación como canonge de la Seu.

¿La población en general estaba al corriente de todo esto y lo denunciaba?

—Intentaba evitar a la Inquisición porque sabía que siempre pedía dinero. Los comerciantes también sabían que los miembros del Santo Oficio compraban todo tipo de mercancías y al final no las pagaban.

¿Era un problema exclusivo del Reino de Mallorca?

—No. Hubo inspecciones en todos los distritos inquisitoriales.