Las fiestas privadas, en el punto de mira del Govern para evitar situaciones que provoquen brotes de coronavirus. | Flickr

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El Govern balear, a través de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, pedirá a jueces y fiscales que autoricen de urgencia a las fuerzas de seguridad para intervenir en fiestas privadas que se celebren en viviendas, a fin de prevenir contagios de COVID-19.

La consellera de Administraciones Públicas, Isabel Castro, ha explicado este lunes en Ibiza que se está trabajando en «dos escenarios distintos» que buscan, por un lado, disuadir de que se celebren los eventos y, por el otro, acceder a los domicilios particulares de forma inmediata.

Castro ha comparecido en rueda prensa con el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, tras una reunión con los cinco alcaldes de la isla y el director insular del Estado, para abordar los detalles del nuevo decreto de régimen sancionador por incumplir las medidas sanitarias contra el coronavirus.

La consellera ha recordado que ni la Policía Local ni la Guardia Civil pueden actuar sin autorización judicial en domicilios particulares, por lo que, en cada caso, los abogados de la Comunidad Autónoma se pondrán en contacto con jueces y fiscales para que autoricen la intervención policial urgente.

Asimismo, ha detallado que se está trabajando con Delegación de Gobierno en una unidad de análisis para detectar a través de las redes sociales dónde se producen ese tipo de fiestas. Esta actuación busca un efecto disuasorio que, según Castro, ha tenido resultado este sábado con la anulación de una fiesta en Mallorca.

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Castro ha recordado la importancia de evitar estos eventos, no sólo por las sanciones, que pueden llegar hasta los 600.000 euros, sino, sobre todo, por salud pública. Este tipo de comportamientos «está poniendo en peligro a todos los ciudadanos de Baleares», ha remarcado, ya que los asistentes «luego se relacionan con otros muchos ciudadanos» y se pierde «el hilo del contagio».

Al respecto, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha explicado que, al igual que están colaborando los ayuntamientos, Govern balear y Consell Insular, esperan que jueces y los fiscales «den la máxima prioridad» a estas actuaciones que son fundamentales para evitar «problemas posteriores».

«Seremos implacables, hay mucho en juego», ha sentenciado el presidente del Consell, que ha recordado que «hay mucha gente, muchas empresas, muchos trabajadores que lo están pasando mal» y que la temporada será «muy corta y atípica». «Ponen en riesgo no sólo la salud, que es lo más importante, sino el futuro de esta sociedad, por lo menos, a corto término», ha añadido Marí.

Entre las medidas, el presidente del Consell también ha anunciado que están en contacto con las asociaciones empresariales para que, si tienen constancia de solicitudes de servicio de luz, sonido o catering para una casa, informen y no se preste servicio.

Por último, la consellera Castro ha calificado de «positivos» los controles llevados a cabo este fin de semana en las cuatro islas y ha anunciado que continuarán. También ha avanzado que en esta primera semana de uso obligatorio de las mascarilla no se sancionará, sino que se informará a la población sobre esta medida.