En su disposición 11, el decreto elimina la exigencia de amortizar las plazas de los psicólogos que no cuentan con la especialidad clínica, algo que estos facultativos llevan años reivindicando pues se trata de intrusismo laboral.
«La categoría de psicólogos clínicos se creó en el año 1998 y ya entonces decía que era una especialidad necesaria para trabajar en salud mental», explica la portavoz de la plataforma, Margalida Fiol.
Las comunidades tuvieron entonces siete años para ajustarse a la normativa. En 2005 la mayoría se había adaptado y además se crearon las plazas de Psicólogo Interno Residente (PIR), el análogo de lo que en Medicina es el MIR.
Desde entonces se requiere una especialididad para ejercer, y aquellos que por entonces ya trabajaban tenían que sacarse la especialidad por otras vías. Sin embargo, el reconocimiento de la especialización todavía tardó en formalizarse. «En 2011, el Govern hizo un decreto que aseguraba más tiempo la plaza de los psicólogos clínicos no especializados que estaban ejerciendo, diciendo que podían trabajar hasta que se convocara una oposición».
Y 20 años después de que Sanidad reconociera oficialmente la especialidad, el IB-Salut convocó la primera oposición de psicólogos clínicos con 52 plazas.
A punto de poder ocupar una plaza de su especialidad, los acontecimientos dan un nuevo giro cuando, leyendo la letra pequeña del decreto 8/2020, llamado decreto COVID, surgido para paliar los efectos socioeconómicos de la pandemia, el Govern permite de nuevo que los psicólogos no clínicos que están ejerciendo se queden en plazas para las que no tienen la especialidad. Es decir, «los que trabajan en esta plaza aunque no sean especialistas se quedan, de facto, trabajando siempre», simplifica una enfadada Margalida Fiol. «En 155 páginas esconden, cuelan, el mantener plazas a no especialistas algo que, además de ir contra la ley repercute en la población», añade. Pues recuerda que ya en 1998 se estableció que la salud mental debía ser tratada por estos profesionales.
La plataforma calcula que hay entre 12 y 15 personas que ocupan una plaza sin la especialidad.
Los especialistas piden ayuda a los grupos parlamentarios
La Plataforma de psicólogos clínicos del Servei de Salut ha registrado una petición de reunión con los diferentes grupos del Parlament para enmendar la normativa.
A su vez han solicitado reunirse con los responsables del IB-Salut para que les den una explicación.
7 comentarios
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Para trabajar como psicólogo en la sanidad pública se debe tener el título de especialista en psicología clínica, que son 4 años de especialidad tal como los médicos, te puedes imaginar un médico de medicina general en una UCI, u operando un cáncer de colon, o un médico de medicina general trabajando de oncólogo en Son Espases contratado por una asociación... pues los psicólogos sí.. así les va a los pacientes
Aprovecho para agradecer a mi terapeuta de la cruz roja, por su labor y su apoyo. Gracias!
La oferta pública de siquiatras y sicólogos no se corresponde bastantes veces con las necesidades, por ejemplo una hora semanal durante veinte semanas. Mi experiencia del sector público es la de 20 minutos de consulta cada dos meses. Ese tiempo da para un examen de la medicación y poco más. Me imagino que no estaba demasiado mal de la cabeza.
Siempre me ha escamado que un licenciado en Filosofía y Letras,seción Psicología, se pasée en bata blanca por un hospital como si fuera personal sanitario.Espero por el bien de la salud de los pacientes que no les permitan administrar medicamentos ni recetarlos. Psicólogos ¿clínicos? Amos anda
Mientras lo tengan todo politizado y catalanizado no funcionará nada porque excluye buenos profesionales
Los psicólogos q en la actualidad están ejerciendo en la salud pública(sin la especialidad) están más q capacitados,algunos de ellos con más de diez años de ejercicio profesional en el ámbito público .lo digo con conocimiento de causa.
Si tuvieráis un Colegio de Psicólogos como Dios manda otro gallo cantaría. Pero con instituciones de juguete resultados de juguete. Eso sí, los jugosos ingresos por la obligatoriedad colegial que no se los quite nadie.