El pleno del Parlament ha validado este martes por unanimidad el Decreto Ley 6/2020, de 1 de abril, por el que se establecen medidas sociales urgentes, entre ellas, para paliar los efectos de la situación creada por el COVID-19 en los colectivos sociales más vulnerables.
En concreto, este decreto ley incluye, por una parte, ayudas para las familias con pocos ingresos o con dificultades para afrontar el alquiler de su vivienda, y, por otra, reglas específicas para el fomento de la investigación sanitaria.
Además, el texto aprobado establece regímenes temporales específicos en materia de concertación social y de selección de empleados públicos destinados a los servicios públicos esenciales.
El Partido Popular ha pedido que el decreto se tramite como proyecto de ley para poder presentar enmiendas e introducir nuevas medidas, pero la solicitud ha sido denegada durante la votación.
La consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, encargada de la defensa de la validación del decreto ley, ha justificado la urgencia del decreto en la necesidad de «otorgar un marco legal» a estas medidas, «que debían ser de aplicación inmediata». «El decreto ley es un mecanismo útil y necesario para agilizar la administración», ha subrayado.
Santiago ha asegurado que, desde la publicación del decreto ley en el BOI, el 1 de abril, más de 4.600 familias de Baleares han cobrado ya la renta social garantizada aprobada por el Govern para hacer frente a las consecuencias de la crisis del coronavirus durante el estado de alarma.
En el debate en el pleno del Parlament de validación, Santiago ha explicado que esta ayuda, al margen de la aprobada en 2017, amplía el número de destinatarios de la renta social garantizada.
En este sentido, ha destacado que esta renta social da cobertura a todos los mayores de 18 años que viven una situación de emergencia social y, además, amplía los perfiles de los perceptores que no tenga derecho a percibir ningún tipo de prestación pública.
Por otra parte, Santiago ha subrayado otro punto del decreto ley, el relativo al fomento de la investigación sanitaria a través de la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (Idisba).
En este aspecto, ha dicho que, desde la publicación del decreto ley, se han presentado 40 proyectos de investigación relacionados con el COVID-19. Estas ayudas económicas extraordinarias se otorgarán en base a lo que decida un comité de experto sobre los proyectos presentados.
Gracias al decreto, la Conselleria de Movilidad y Vivienda ha podido pagar las ayudas al alquiler de 2018 y está ya gestionando las de 2019 y 2020. «El objetivo es que el dinero llegue cuanto antes a las familias», ha insistido.
Durante la exposición del decreto, la consellera Santiago ha explicado que la norma validada establece medidas relativas a la selección de personal para cubrir servicios esenciales para atender la emergencia de salud pública en Baleares.
Así pues, cuando no se puedan cubrir con el personal existente, se podrán establecer procedimientos extraordinarios y de emergencia para poder seleccionar personal interino o temporal a fin de garantizar la cobertura de estos servicios públicos. «Esta flexibilización ha permitido que se gestione mejor la renta social y las ayudas al alquiler», ha recordado. CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Pese a que todos los partidos políticos con representación parlamentaria han votado a favor de la validación del decreto ley --la diputada de Unidas Podemos, Antònia Martín, ha votado en contra por error y así lo ha remarcado--, tanto PP como Vox han asegurado que las medidas son «insuficientes».
La diputada 'popular' Marga Durán ha afirmado, en este sentido, que la norma es «una mínima expresión de lo que se necesita». «Sin duda es positivo que se dé una respuesta rápida, pero son muchos los que todavía no saben dónde se pide la renta social o no se le da respuesta a las continuas llamadas», ha señalado.
Asimismo, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha asegurado que «algunos partidos del Pacte viven en dos realidades, la real, que es la que todo el mundo vive y la de Matrix, al seguir hablando, por ejemplo, de la emergencia climática». «Evidentemente vamos a apoyar el decreto aunque sea poco e insuficiente», ha recalcado.
En contra de estas valoraciones, se ha situado el diputado del PSIB Joan Ferrer, quien ha destacado que con este decreto ley se ha concedido 4.000 nuevas prestaciones que afectan a 8.000 personas en situación de vulnerabilidad.
En esta línea, Antònia Martín, de Podemos, ha ensalzado el fomento de la investigación sanitaria y la atención a las personas más vulnerables. «El COVID-19 necesita ciencia y más ciencia», ha subrayado la diputada, quien ha defendido que, ante esta situación de estado de alarma excepcional, «las administraciones deben actuar para proteger a la gente».
Por su parte, el portavoz adjunto de MÉS per Mallorca en el Parlament, Josep Ferrà, ha criticado «la falta de respuesta» por parte del Gobierno, «al ser el mando único» durante el estado de alarma. «Hemos hecho frente a esta crisis a dos velocidades, una la que reclama la sociedad y en la que el Govern ha actuado con consonancia y otra la del Estado, con un mes de retraso con respecto a políticas sociales y económicas», ha matizado.
La diputada de El PI Maria Antonia Sureda ha dado la enhorabuena a la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes por la «rapidez con la que ha actuado». «Había muchos ciudadanos que no tenían nada, ni acceso a una ayuda, y ahora la tienen», ha dicho.
Por último, la diputada del Grupo Mixto Patricia Font, en participación telemática, ha reseñado que, actualmente, «el capitalismo está en confrontación con la salud». Por ello, ha insistido en que esta crisis del COVID-19 es «nueva y se debe abordar de manera nueva».
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