El director de la Oficina Anticorrupción, Jaime Far (el primero por la izquierda), en una intervención en el Parlament, la anterior legislatura.

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PSIB, Podemos y Més han presentado una proposición en el Parlament en la que se insta a la Sindicatura de Comptes a que realice una auditoría «del cumplimiento de legalidad anual» de las cuentas de la Oficina Anticorrupció. Piden que se haga un informe específico sobre este organismo y que informe de los resultados obtenidos.

La propuesta la presentaron este lunes de manera conjunta Pilar Carbonera (PSIB), Esperança Sans (Podemos) y Miquel Ensenyat (Més). Los representantes de estas formaciones políticas recuerdan que el reglamento de funcionamiento de la Oficina establece que la intervención general de la Comunitat debe realizar el control de las cuentas.

Más controles

Sin embargo, los partidos del Pacte consideran que además es imprescindible que el departamento de Jaime Far también sea auditado por la Sindicatura de Comptes. «Cabe ahora completar el cumplimiento de las disposiciones legales con el correspondiente informe general de la Sindicatura de Comptes», dicen los partidos de izquierdas en su escrito.

En la proposición no de ley reconocen que la ley de creación de la Oficina Anticorrupción «escasamente regulaba» aspectos de control interno, por lo que fue necesario aprobar el reglamento, que establece que el control lo hace Intervención de la Comunitat, ampliado ahora a la Sindicatura de Comptes, que es quien tiene atribuida «la fiscalización externa de la actividad económica, financiera y contable del sector público de Balears».

La petición de los partidos del Pacte llega poco después de que se haya sabido que tanto el tesorero como el titular de la Assessoria Jurídica del Ajuntament de Palma han recurrido a un juzgado ordinario para no tener que hacer pública la declaración de bienes y de actividades que reclama la Oficina Anticorrupció. Además de los cargos electos de las Islas, la Oficina de Jaime Far había solicitado este documento a dos altos funcionarios del Consell y tres del Ajuntament, pero dos de estos tres han recurrido a los tribunales para no tener que hacerla pública.