Los abogados del turno de oficio encadenan alrededor de dos años de protestas reiteradas, como es el caso de la concentración de hace unos meses que aparece en la imagen. | M. À. Cañellas

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Los abogados del turno de oficio de Baleares vuelven a la carga ante los «retrasos reiterados en el pago de los casos» por parte del Ministerio de Justicia y de otra serie de deficiencias que les colocan en lo que consideran «una situación insostenible». En los últimos días han tenido lugar encuentros entre grupos de abogados que participan en el turno tanto de Palma como del resto de partidos judiciales de las Islas. Los letrados valoran poner en marcha una serie de medidas de presión, entre ellas prestar sólo servicios mínimos, una acción que ya se valoró hace unos meses tras varios retrasos seguidos en los pagos y que se ha tomado en otras comunidades.

Los letrados del turno de oficio en Baleares acumulan varios meses de malestar. A los retrasos reiterados que denuncian y que llegaron a ser de varios meses, suman la baja retribución de su trabajo, según los baremos del Ministerio de Justicia. Estos establecen cantidades notablemente más bajas que las que reciben los abogados de otras comunidades autónomas en las que están transferidas las competencias de Justicia y son estas administraciones quienes establecen las cuantías.

Otra de sus reivindicaciones tiene que ver con lo que ocurre cuando a una persona se le deniega la justicia gratuita y no se abona nada al abogado de oficio que le había atendido y es él quien tiene que reclamar esos pagos al cliente.

También reclaman el pago de los días de guardias que efectúan en el turno de Menores, algo que ahora no ocurre. El grupo de abogados que encabeza las protestas del turno de oficio también critican que, en las guardias, «no se escatiman las llamadas nocturnas» para prestar asistencia a detenidos por parte de la Policía Nacional o de la Guardia Civil.

«En la mayor parte de casos se trata de asuntos simples que bien podrían esperar a tomar declaración en horas diurnas», señalan. Además, concluyen que se encuentran bajo una «constante presión y fiscalización»: «Recibimos un trato a veces incorrecto por parte de algunos funcionarios de la Administración de Justicia y no siempre nos sentimos amparados por nuestro Colegio».

Los próximos pasos que dará este grupo de abogados será trasladar sus quejas al Colegio para que traslade sus peticiones al Consejo General de la Abogacía. Reclaman: «Que respalde nuestras decisiones para mejorar nuestra situación laboral y económica y en las asistencias que efectuamos a detenidos, a menores o a víctimas de violencia de género».

Por último, insisten en que de manera sucesiva se les ha prometido el fin de los retrasos en los pagos: «Nos sentimos más en una situación precaria, lo cual sin duda afecta a nuestra labor profesional diaria y a nuestra satisfacción personal. Realmente, estamos prestando un servicio público a la sociedad, pero nuestra profesión necesita recuperar la consideración que se merece, por lo que vamos a ser perseverantes e incansables».