Imagen de José Díaz Cappa. | Ultima Hora

14

«Todo se investiga, aunque sean sospechas, cualquier dato sobre abusos o explotación sexual de menores se ha tramitado y se ha hecho un seguimiento». El fiscal coordinador de Menores, José Díaz Cappa, insiste en que la Fiscalía interviene siempre que hay una alarma en torno a un menor pero que lo hace en el «ámbito de sus competencias» que son, fundamentalmente, procesales: «Mi trabajo es saber que los menores están tutelados y que se está trabajando con ellos».

Cappa asegura que la mayor parte de las investigaciones por menores en situación de prostitución están judicializadas. Cuando los imputados son mayores de edad, la mayoría de los casos, interviene un juzgado de Instrucción y la Fiscalía de Balears, no el área de Menores. El coordinador señala que en paralelo a la tramitación de una investigación penal, las administraciones con competencia en la tutela de menores (el IMAS en Mallorca) tienen que ejercer sus funciones: «La menor que ha sufrido esa situación vuelve al centro y es ahí donde tienen que implementar las medidas para no vuelva a repetirse». Advierte que se trata de una «competencia exclusiva» y que distintas circulares de la Fiscalía General del Estado instan a que no se invada el ámbito de cada una de las administraciones. Del mismo modo que ocurre cuando se produce una fuga de un centro ya sea de tutela o de reforma (es Pinaret): «En el 99 por ciento de los casos se reintegra a los menores pero es la entidad quien tiene que hacer el seguimiento».

Noticias relacionadas

El fiscal coordinador admite que los posibles casos de explotación sexual preocupan pero que no es la única tipología de delitos en torno a menores que provocan esa alarma. «En la Fiscalía de Menores todo es prioritario». También señala que no son casos que afecten en exclusiva a menores tutelados: «Es una problemática generalizada que afecta a toda la sociedad. Sí que se trata de adolescentes que no tienen la misma cobertura familiar y, según a qué edades tienen una capacidad de decisión importante». Así, indica que hay diligencias abiertas para averiguar si hay alguna red organizada y sobre si algunos internos de es Pinaret ejercía de proxenetas de otros menores. Algunas de estas situaciones han llevado a la apertura de causas judiciales.

Sobre la no asistencia de la Fiscalía a determinadas comisiones indica que se optó por no hacerlo porque se entendió que se podía lograr el mismo resultado por otras vías de coordinación. Además, la Fiscalía General restringe la participación del ministerio público en este tipo de reuniones ante el riesgo de que pueda verse comprometida su independencia en casos concretos.

Cappa reclama la creación de un centro de protección para menores con problemas de conducta que permita que puedan ser recluidos allí bajo mandato judicial.