Estas operaciones se comenzaron a investigar a la vez que la financiación concedida al grupo Martín Gual, un asunto por el que ya hay abierto juicio oral y que espera que se fije fecha para la vista. El Banco de España llevó a los juzgados estas dos operaciones porque consideraba que se dieron sin tener en cuenta los riesgos que asumía la entidad y de forma opacta.
La Fiscalía y el resto de acusaciones que se encuentran personadas, entre ellas Bankia, la entidad que sucedió a Sa Nostra, tienen ahora que decidir si llevan a juicio por esta operación a los directivos investigados. En el otro caso, el de la operación de Son Bordoy, el ministerio público reclama penas de cuatro años de prisión a los antiguos directores generales de sa Nostra Pau Dols y Pere Batle por delitos de apropiación indebida y administración desleal. También reclama esa misma condena para el exdirectivo de la empresa de la caja Invernostra, Rafael Oliver. Para el cuarto acusado, el directivo de las empresas de Gual, Javier Collado, se reclaman dos años y medio de cárcel.
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En el procedimiento de Son Bordoy, el juez ya exculpó al resto de investigados, entre ellos Alzamora, al considerar que el consejo de administración de la entidad no participó de forma activa en la decisión de financiar las inversiones sino que estas venían directamente desde Invernostra. Hasta 21 exconsejeros de la entidad llegaron a estar imputados. En este procedimiento, Bankia reclama hasta 125 millones de euros a los acusados y a las sociedades que figuran como responsables civiles. La Sareb, personada como perjudicado tras intervenir en el proceso de reestructuración, también reclama esa cantidad.
El auto de la Audiencia Nacional dictado ahora estima que la operación en Huelva provocó un perjuicio económico a la entidad financiera superior a los 60 millones de euros. La financiación de ese proyecto fallido se llevó a cabo en pleno ‘boom’ del ladrillo, en el año 2006, si bien se mantuvieron algunas líneas hasta 2010, cuando Sa Nostra fue rescatada e inició el proceso que llevó a su disolución dentro de Bankia.
En torno a la extinta caja de ahorros hubo un tercer procedimiento judicial ante la Audiencia Nacional por la venta de una serie de inmuebles históricos a la sociedad Atela. Esta operación fue archivada por el magistrado instructor que entendió que había prescrito.
La Audiencia Nacional ha llevado a cabo varios procedimientos que han terminado en juicios contra responsables de numerosas cajas de ahorro tras la quiebre generalizada de la mayoría de ellas durante la crisis.
Pendiente de fecha de juicio
El procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacioanl de Son Bordoy continúa a la espera de que la Sala de lo Penal fije la fecha de juicio y dicte auto de admisión de prueba.
La causa continúa después de la muerte de uno de los acusados, el empresario Martín Gual, que se quitó la vida. La Audiencia ha declarado extinta su responsabilidad penal.
6 comentarios
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El B. de España cifró (nov. de 2019) en 42.561 millones el coste del rescate de la banca para el presupuesto del Estado (califica como “coste” a lo que realmente dice son “fondos irrecuperables”). Porque solo ve recuperable el 18% de los 81.000 millones de euros en ayudas públicas y privadas “prestados” a cajas y bancos en la última década. Me parece muy optimista, por cuanto a día de hoy no llega al 6% lo recuperado. De ésta inmensa cifra casi la mitad se la llevó Bankia: Una verdadera vergüenza y un magnífico negocio para quien lo adquiera cuando se privatice éste banco. Si lo hubieran dejado caer, como hizo USA con la principal entidad de su crisis, nos hubiera salido mucho más barato. BMN-Sa Nostra sólo recibió 1.645 millones (ahora sumados tambien dentro de Bankia). No creo tengan intención de inyectar una cifra similar para, por ejemplo, equilibrar la caja de la S.S. o mejorar la educación
La "financiacion" no devuelta por las operaciones de "alto riesgo" gestionadas de forma "opaca" la han pagado todos los españoles contribuyentes a traves de los rescates bancarios o directamente a traves de estafas directas como las preferentes. En total mas de cien mil millones acreditados. Y lo que han financiado los contribuyentes con su trabajo e impuestos han sido estas operaciones "opacas" que tienen muy claros "beneficiarios" con nombres y apellidos. El gobierno y las instituciones han protegido y promovido este robo al contribuyente y hoy por hoy solo han mareado un poco la perdiz (gastando aun mas pasta en funcionarios) y no han hecho nada que permita la devolucion de un solo duro.
En Balears las cajas de ahorros no eran públicas porque ni la Diputación Provincial ni los Ayuntamientos aportaron capital en su fundación (como sí pasó en la península). Sa Nostra tampoco lo fué: era una entidad financiera de tipo fundacional (no una S.A.) constituida a fondo perdido a fines del siglo XIX por mecenas mallorquines privados ante la grave situación social que existía, para que pudieran acceder al crédito las capas sociales más pobres (a las que la banca no concedía créditos). La diferencia de las Cajas con la Banca era que no remuneraban a los fundadores; sus beneficios íban en totalidad a proveer la Obra Social y a mantener sus oficinas. El error de SN fue conceder operaciones de gran riesgo ocultándolas a los supervisores (B. de España y Govern y hacerlas sin permiso: Miami, Murcia, Huelva...) porque no las concedió directamente, sino a través de una empresa filial y encima financiándolas con créditos de otras entidades que no pudo devolver. Por eso se hundió
La corrupción se tapa con dinero y poder.
La historia de siempre, el dinero desapareció y ahora la “justicia” y los políticos buscan la forma de camuflarlo para que nadie pague por ello y que tampoco devuelvan la morterada que se llevaron de la caja pública, que nos ha costado una millonada a todos los ciudadanos. El legislativo legisla para que sea del todo imposible acreditar el delito, la fiscalía no denuncia y el judicial mira para otro lado¡ las 2 justicias de siempre.
Bona gent mallorquina.Todo archivado y el dinero volatilizado.No passa res.Punto final.