Los expedientes de las denuncias respondían a 2018 y 2019, tiempo en que la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) procedió a la detención de numerosas personas implicadas en las tramas de prostitución, aunque la Policía Nacional no comunica las diligencias a los responsables del IMAS.
Debido a la gravedad de los hechos, los jueces de instrucción suelen decretar el secreto de sumario y el hermetismo es máximo. Un pequeño porcentaje de las denuncias interpuestas no se resolvieron porque la información que aportan las víctimas no bastó para identificar a los presuntos autores.
El IMAS confesó el pasado lunes que había detectado a 16 menores bajo su tutela que eran víctimas de explotación sexual. Según la directora insular d’Infància i Menors, María Ángeles Fernández, la cifra va en aumento e «irá a más», porque «la sociedad y los profesionales somos más conscientes de que esto existe», asegura.
Los síntomas de la explotación sexual son «sutiles», explica Fernández. Las alarmas deben saltar «cuando el menor incumple horarios, cambia de look, viene con algo que no tenía ya sea ropa, un móvil o joyas...», añade.
Cuando hay indicios se activa el protocolo y se presenta ante los cuerpos de seguridad. Precisamente este miércoles se reúne el grupo de coordinación del IMAS, Delegación del Gobierno, Policía Nacional y Guardia Civil.
Por su parte, Vox reclamó la «dimisión inmediata» del presidente del Institut Mallorquí de d’Afers Socials (IMAS), Javier de Juan, por considerar que ha estado «ocultado» estos casos.
