Los funcionarios del Consell han estado percibiendo durante doce años un plus que no les correspondía, según los sucesivos informes de la Sindicatura de Comptes. El Consell intentó arreglar el problema a principios de este año, con Miquel Ensenyat aún como presidente de la institución. | Redacción Local

2

La Sindicatura de Comptes reprocha al Consell de Mallorca que en 2017 siguiera pagando el plus ilegal que cobran sus funcionarios a pesar de que un año antes los gestores de la institución ya habían sido advertidos de que no podían hacerlo. No solo eso, el órgano fiscalizador de las cuentas de las instituciones públicas se pregunta cómo piensa el Consell recuperar el dinero que se ha estado pagando de más estos años.

La Sindicatura entregó este martes los informes de fiscalización de las tres entidades insulares correspondientes al año 2017. En el de Mallorca se incide en que debe regularizarse la situación de este plus que se abona desde hace años sin ningún tipo de control. Este mismo reproche se hizo en el informe presentado el año pasado, por lo que la institución insular decidió suspender el pago para sustituir este plus ilegal por otro acorde a la ley.

Tribunal de Cuentas

Sin embargo, desde la Sindicatura se cuestiona si la institución insular tiene previsto reclamar a los funcionarios las cantidades que han percibido indebidamente. Serían un máximo de cinco años. El informe de la Sindicatura llegará finalmente a manos del Tribunal de Cuentas, por lo que no se descarta que sea finalmente este organismo quien termine reclamando la devolución del dinero.

Se trata de un complemento de productividad que cobra el personal funcionario y laboral aprobado en el año 2006. Es objeto de prórroga anual y eso es precisamente lo que cuestiona la Sindicatura. En su día se fundamentó en el incremento de la carga de trabajo del personal del Consell por la recepción de nuevas competencias. En el año 2017 supuso un gasto de 788.000 euros, a los que deben sumarse otros 951.000 euros del IMAS. Es decir, más de 1,5 millones de euros al año pagados a los funcionarios de manera completamente irregular.

El informe de la Sindicatura es, además, crítico con el Plan Económico Financiero (PEF) que presentó el Consell de Mallorca al Ministerio tras haber superado el techo de gasto. Afirma que, a la hora de elaborar este informe que se entregó al Gobierno central se tuvieron en cuenta una serie de partidas erróneas que distorsionan los resultados finales. «Si se hubiesen tenido en cuenta los límites legales de gasto y sin considerar los incrementos de recaudación (...) las medidas propuestas en el PEF no serían suficientes para cumplir la regla de gasto», señala.

3,19 millones, nulos de pleno derecho

Otro reproche que se merece la institución insular en su informe es el relativo a los pagos por la vía de los reconocimientos extrajudiciales de crédito.

Durante el ejercicio de 2017 se tramitaron y aprobaron reconocimientos extrajudiciales de crédito por un importe de 3,19 millones de euros. «Ello no supone la validación o la enmienda, debido a que el acto continúa siendo nulo de pleno derecho ni implica dejar sin efecto las posibles responsabilidades que puedan resultar de ello», señaló el informe de este organismo.