Cartel de Alerta Solidària con motivo de la petición de pena del ministerio público. | Alerta Solidària

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La Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Baleares por la acción de protesta que varios activistas de Arran llevaron a cabo en verano del año 2017 en Palma, más concretamente en un establecimiento de restauración del Moll Vell de la capital balear, y por el que una docena de personas declararon el mes de febrero del pasado 2018. En total, el ministerio Público solicita penas de prisión por desórdenes públicos que suman un total de 26 años.

La entidad Alerta Solidària, que da amparo legal a investigados en causas relativas a las acciones de los CDR y las protestas en Cataluña, ha informado de la situación procesal de este caso, que en su momento generó mucho revuelo en las esferas políticas de Baleares.

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«Denunciamos que muchas encausadas ni siquiera se encontraban en el lugar de los hechos el día en que se realizó», afirma Alerta Solidària en un comunicado, en el que, además, tilda la protesta de «acción simbólica enmarcada en la campaña contra el modelo turístico».

Asimismo, acusan a la Policía de utilizar los «ficheros ilegales de las jóvenes organizadas para encausar de manera aleatoria a personas que alguna vez han asistido a concentraciones, manifestaciones o participan de algún espacio político con vocación de transformación social».

Tal y como quedó plasmado en un vídeo que la propia organización juvenil independentista Arran se encargó de difundir en las redes sociales, una quincena de activistas se concentraron a finales del mes de julio con pancartas, a pocos metros de las mesas de la terraza de un restaurante de la citada zona turística de Palma. Una vez allí activaron bengalas y lanzaron confeti.