caso Voltor-Inestur

El último juicio del caso Voltor será en octubre de 2020

| Palma |

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La Audiencia de Palma acogerá del 5 al 23 de octubre de 2020 el juicio de la última pieza pendiente del llamado caso Voltor, al exconseller de Turismo de UM Francesc Buils y a otros nueve acusados de malversar unos 900.000 euros del Instituto de Estrategia Turística (Inestur).

La sección primera del tribunal provincial ha fijado este jueves las fechas para el juicio, en una vista previa celebrada por esta causa, que comenzó a investigarse en 2010 y cuyos hechos datan de 2008.

Las partes personadas en la causa pidieron en octubre a la sección primera de la Audiencia de Palma un aplazamiento de una vista previa ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo de conformidad en este caso que no se ha producido.

Junto a Buils, ya condenado por otros casos de corrupción por su etapa al frente de Turismo en la legislatura 2007-2011, están acusados Antoni Oliver, que fue gerente del Inestur y los altos cargos del mismo organismo David Rebassa y Luisa Tortella.

Para cada uno de los cuatro la Fiscalía solicita 5 años de cárcel, así como 16 años y medio de inhabilitación, acusados de malversación, prevaricación y fraude a la administración.
También están acusados el exalcalde de Pollença Joan Cerdà, que fue alto cargo del Consell insular con la extinta Unió Mallorquina, y cinco empresarios cuyas sociedades se beneficiaron de adjudicaciones del Inestur presuntamente fraudulentas.

Para los empresarios y Cerdá, a los que considera cooperadores necesarios de malversación y autores de fraude a la administración, la Fiscalía reclama sendas condenas de 2 años y tres meses de prisión e inhabilitación por 4 años y medio.

La acusación pública sostiene que los políticos y altos cargos del Inestur se concertaron con los empresarios para beneficiarles «por perjuicio económico para la Administración» obviando las normas de contratación, impidiendo la concurrencia de competidores en condiciones de igualdad a los procedimientos para asignar contratos, anticipándoles información confidencial e impidiendo concursos legales.

Así se llevaron a cabo trece adjudicaciones y ampliaciones de contratos por las que se reclaman a los beneficiarios y a los presuntos prevaricadores que devuelvan a las arcas del Govern un total de 903.762 euros.

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