Inicialmente, las protestas y manifestaciones a favor de la lengua catalana eran para la educación y la normalización del uso social. Últimamente se centran también en los derechos civiles y lingüísticos. Arriba, una imagen de la Diada per la Llengua de 2019, cuyo lema era ‘Som aquí per la llengua, la cultura i els drets civils’. | Teresa Ayuga

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El PSIB pretende dejar la creación de la Oficina de Drets Lingüístics sin dotación económica en el presupuesto de la Comunitat Autònoma para 2020 mientras el Consell Consultiu no dé el visto bueno legal a su puesta en marcha. Esta posición de los socialistas les enfrenta a Més, que al margen del dictamen que emita el Consultiu considera necesario hacer un «gesto político» hacia las víctimas de discriminaciones lingüísticas, que de cada vez son más (o las denuncian más).

La puesta en marcha de la Oficina de Drets Lingüístics es uno de los compromisos recogidos en los Acords de Bellver, el pacto político que sustenta el Govern.

El presupuesto de Baleares para este año, redactado la anterior legislatura, contempla una partida para la creación de la oficina. Inicialmante, no se preveía, pero el anterior Govern estimó una enmienda de Més per Menorca para reservar 100.000 para ello. Es decir, podría ser que una iniciativa política que teóricamente se debería haber llevado a cabo la legislatura anterior quede ahora sin recursos para desarrollarse. La razón que esgrime el PSIB es que, al no saber si podrá o no ejecutarse, lo prudente es que no figure en los presupuestos.

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Fuentes del Govern indican que el Consultiu ya ha tratado la nueva entidad y que ahora solo debe aprobar el correspondiente dictamen. El presupuesto para 2020 aún no se ha cerrado, pero sí que ya se ha comenzado a negociar. Habrá que ver si el dictamen llega antes o después de que se cierre.

«Prestigio»

Joan Mas ‘Collet’, diputado de Més, cree que el Govern «debe prestigiar» la lengua catalana y que poner en marcha la Oficina de Drets Lingüístics –que no solo debe defender los derechos de los catalanoparlante sino los de todos– contribuiría a ello. «Es cierto que hay que cumplir la ley, pero no estamos aquí solo para cumplirla sino para hacer política y esto son gestos», añade.

Cada vez es más frecuente que catalanoparlantes denuncien vulneraciones de sus derechos lingüísticos. Uno de los casos más mediáticos ha sido el de Paula Rotger, que asegura que un policía le dijo «hábleme en castellano», al dirigise a él en catalán.