Dirección Provincial de la Seguridad Social

El accidente tuvo lugar en la sede de la Dirección Provincial de la Seguridad Social. | Joan Torres

Víctor MalagónPalma22/09/19 4:01
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Tres funcionarios de la Dirección Provincial de la Seguridad Social deberán ser indemnizados con 17.000 euros dos de ellos y 11.000 otro por los daños que sufrieron por un escape de gas tóxico en las oficinas. Los tres sufrieron problemas de salud a lo largo de varios meses tras dos averías encadenadas que provocaron una fuga de gas del sistema de extinción de incendios. La Sala de lo Social del TSJB ha aceptado un recurso de los tres trabajadores y considera, en base a un informe forense, que sí existió una relación causal entre las averías, las fugas y las enfermedades de los tres funcionarios. Condena a que la Seguridad Social y la empresa que hacía el mantenimiento de las oficinas les indemnicen.

Las averías sucesivas ocurrieron en el mes de julio de 2012. Los tres funcionarios trabajaban justo al lado de la sala en la que están los servidores informáticas. Pegado a ésta estancia se encontraba un pequeño habitáculo en el que se encontraba el depósito del líquido del sistema contra incendios. Ese año se rompió primero la climatización de la sala de los servidores informáticos. Justo en pleno verano. Las temperaturas fueron tan altas que el sistema interpretó que se producía un incendio y saltaron los aspersores.

Una segunda avería provocó que se rompiera un latiguillo en la sala donde estaba el líquido. Además esta habitación no era estanca, porque se hicieron en ella perforaciones para que pasaran los cables. De esta manera se produjo una fuga de dos gases diferentes potencialmente tóxicos y que, además, eran nueve veces más densos que el aire. Así, quedaron estancados en el falso suelo y, de forma continuada, los afectados quedaron expuestos a los mismos durante varios días.

El juez de lo Social descartó cualquier relación entre los escapes y las afecciones de los funcionarios. Sin embargo, el TSJB anula esa sentencia porque ignora la pericial forense que el mismo juez encargó: «Resulta contradictorio solicitar de oficio una diligencia para esclarecer extremos técnicos y, seguidamente, no dar crédito a su contenido», reprocha. Además, recuerda el «deber de seguridad» de las empresas respecto a sus empleados.